Destruir es fácil; construir y reconstruir es complejo, implica muchos detalles. La destrucción que traen los desastres naturales consigo tienen dos caras: una, la tragedia por la pérdida de vidas que son irreparables, y la otra que consiste en la nueva oportunidad para corregir y repensar. Como país y como ciudadanos hemos dado un gran paso en la emergencia. Miles de jóvenes salieron con empatía filantrópica a ayudar participando en el rescate y colaborando en el acopio de víveres para las víctimas.
Ahora se pasa inexorablemente a la siguiente etapa: la reconstrucción. Para ello, aunque muchos no lo crean y no lo quieran, toca la responsabilidad irrenunciable a los gobiernos federal, estatal y municipal convocar a toda la sociedad (científicos, profesionistas, empresarios, líderes obreros y personalidades destacadas de la sociedad civil y también políticos) para organizar con altura de miras, sin mezquindades, la reconstrucción para superar los daños materiales.
No hay que inventar el hilo negro. Tenemos que recordar lo que hicimos bien y lo que se hizo mal en la reconstrucción después del terremoto de septiembre de 1985. También hay mucho que aprender de cómo se organizaron y concretaron la reconstrucción otros países después de sismos, huracanes y tsunamis. Están los casos de San Francisco (1989), Nueva Orleans (2005), Hanshin-Awaji en Japón (1995) y los sismos sufridos en Coquimbo, Chile (1997).
Hay pasos básicos a seguir en la reconstrucción. Primero, tener cuantificados y ubicados mediante censos los daños materiales y de las personas afectadas. Segundo, disponer de los recursos financieros. En el reciente caso del Septiembre Negro por el que hemos atravesado, el Estado mexicano ha mostrado que tiene la capacidad financiera para hacerles frente. La plataforma de transparencia presupuestaria de la SHCP (https://goo.gl/vnYrH1) da cuenta pormenorizada de lo que el Fonden ha erogado del 7 de septiembre al 5 de octubre de 2017. En menos de un mes se han ejercido 6,844 millones de pesos (mdp). El Ejecutivo federal estima que la reconstrucción costará más de 38,000 mdp para devolver la normalidad a las zonas dañadas y a las personas que residían ahí. La parte financiera en la reconstrucción no es la más compleja; eso sí, es la que puede armarse más rápido.
No obstante, se corre el gran riesgo de incurrir en el despilfarro, y más aún, perder la oportunidad de hacer bien las cosas desde el principio. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo identifica tres etapas a seguir después de un desastre natural: emergencia, rehabilitación y reconstrucción. La reconstrucción es probablemente la más larga, la más costosa y la más compleja. La respuesta ante los desastres requiere la organización que va desde la información y la planeación, hasta la reconstrucción misma.
Los pasos a seguir para la reconstrucción consisten en: 1) planear y ejecutar actividades para reestablecer los servicios a la comunidad; 2) desagregar las actividades por presupuesto estimado, localización y organismo público responsable de la ejecución; 3) definir principios, objetivos y líneas de acción que guíen la ejecución; 4) identificar el financiamiento a través del programa sectorial, regional, especial o de fuentes distintas; 5) realizar informes de seguimiento periódicos por línea de acción, y 6) evaluar resultados de acuerdo con las metas acordadas. Para nuestro caso, antes de aprobar el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, es indispensable reformar la Ley de Coordinación Fiscal para que los recursos contemplados en el Fondo de Aportación a la Infraestructura Social, el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F, así como el Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas posean una estructura programática para prevenir y evitar el destrozo de los desastres naturales. Y para 2018 etiquetar, en la proporción que la Ley marca para cada entidad federativa, los recursos para la reconstrucción.
Lo anterior requiere de una organización transversal que incluya a los gobiernos y los legisladores federales y locales, y desde luego a la sociedad civil. Ello para evitar la suspicacia en la aplicación de los recursos. Sin embargo, es fundamental que dentro de cada nivel de gobierno se designen coordinadores con los mandatos claros y la capacidad de convocar horizontalmente a las distintas dependencias para poder concretar.
En Pakistán, después del terremoto de 2005 en Cachemira, el gobierno lanzó un programa de subsidios públicos para la reconstrucción de viviendas que permitió entregar apoyo técnico y financiero a los hogares. Al participar directamente en la rehabilitación o reconstrucción de sus casas, las familias afectadas se aseguraron de que las nuevas viviendas fueran a prueba de terremotos. Más de 400,000 casas fueron reconstruidas, y el 90% de ellas cumplió con los nuevos códigos antisísmicos, lo cual ayudó a preparar mejor a la región para futuros eventos de este tipo.
México ya cuenta con la experiencia y ha logrado salir adelante de manera favorable. Lo que han realizado otros países también nos puede ser de utilidad. De manera natural los gobernadores, el jefe de gobierno, presidentes municipales y delegados, deben desprenderse de cualquier ambición política para serle útil a la sociedad que sirven. Ahora sí podremos desenmascarar a los demagogos de los políticos que sí se necesitan.
Economista. @jchavezpresa