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Entre las grandes limitantes del Estado para ejercer la aplicación de la ley en la mayor parte del territorio nacional, está la debilidad de su hacienda pública. Me refiero a la palabra hacienda comprendida de su origen: “obrar y poner por execución alguna cosa, y lo que dello resulta se llama hazienda” (ver Tesoro de la lengua castellana o española, de Sebastián de Covarrubias, 1611).
La aplicación de la ley va más allá de sólo brindarle seguridad a la integridad física de las personas y su patrimonio o garantizar el cumplimiento de contratos. Comprende al hecho de que el Estado disponga de los medios intelectuales, materiales y financieros para proporcionar a su población servicios públicos como educación y salud, y estar en posibilidades de concretar los derechos sociales.
Ahora cerca del inicio de la tercera década del siglo XXI, la debilidad de la hacienda pública mexicana radica primordialmente en tres áreas: su baja recaudación tributaria, su mala capacidad de transformar los impuestos en bienes y servicios públicos de calidad, y sus pésimas inversiones como propietario y administrador de empresas productivas. La dependencia de ingresos volátiles provenientes de la venta de recursos no renovables en la primera y media décadas de este siglo nos engañaron, y permitieron que nuestros gobernantes pospusieran decisiones para adoptar medidas y ejecutar acciones. La crisis financiera de 1995 pudo superarse gracias al motor de crecimiento que dio el TLCAN, y a que se tomó la decisión de Estado de recurrir al alza del IVA de la tasa del 10 al 15%.
Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de la República con una legitimidad del voto no observada en nuestra historia y una acumulación de poder político que no se había visto ni con el partido hegemónico del siglo XX. No obstante esta fortaleza, llega con los márgenes presupuestarios más estrechos de los últimos 37 años. El espacio en las finanzas públicas se volvió tan exiguo por una serie de factores, entre los más importantes: la drástica caída en la producción de petróleo crudo, el menor precio del petróleo; ahora sus dos empresas productivas, Pemex y CFE, son lastres para las finanzas públicas; el incremento en el costo financiero de la deuda pública, y el aumento que se seguirá observando para cubrir el costo de los pasivos laborales del sector privado y del público federal resultado de las reformas a los sistemas de pensiones (IMSS e ISSSTE).
Mencionadas estas restricciones, de lo que AMLO sí dispone y que sus antecesores desearían tener es el apoyo popular para sacar de su precariedad a la hacienda pública. Él sí lo puede hacer porque, independientemente de que se esté de acuerdo o no con sus nuevos programas sociales, logró cambiar la percepción de la población. A diferencia principalmente de su antecesor, la población percibe que él sí hará un mejor uso de los recursos públicos, de ahí su énfasis de cada mañana de que él sí se está enfrentando a la corrupción y a la inseguridad, y que empezando por él, las medidas de austeridad sí son mediáticamente visibles. No más avión presidencial, adiós a Los Pinos, venta de vehículos, reducción a la remuneración de los altos mandos del servicio público.
¿Cuánto le durará esta ventana de oportunidad al presidente López Obrador? Seguramente más que estos primeros 100 días de gobierno, pero no más de dos años. Recordemos que en la primera alternancia, el presidente Fox agotó rápidamente su bono democrático. Su apuesta a la reforma constitucional para “llevar en 15 minutos” la paz a Chiapas no salió; ya para las elecciones de cambio de legislatura su partido había perdido curules y gubernaturas.
El primer informe de resultados de las finanzas públicas de enero de 2019 le recuerda a AMLO nuevamente que la hacienda pública es frágil y precaria: los buenos resultados de las finanzas públicas en relación con lo programado fueron patrocinados por los consumidores de combustibles automotrices. El IEPS a las gasolinas, o el gasolinazo de 2017, le resultó muy positivo para hacerle frente parcialmente a la caída de los ingresos petroleros. También muestran los resultados de enero que la mejora en la reducción del gasto primario se la comió el aumento en el costo financiero derivado de la mayor percepción de riesgo en los mercados financieros.
Ya tiene el apoyo popular, ahora va a ser cuestión de tiempo para construir la reforma más importante de la hacienda pública desde que se introdujo el IVA y se desaparecieron más de 400 impuestos estatales y municipales que frenaban el desarrollo económico del país.
Economista. @jchavezpresa
