La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2018 ha sido aprobada por el Congreso de la Unión. Esto significa básicamente tres cosas: uno, ya existe un presupuesto avalado por la Cámara de Diputados y el Senado de las distintas contribuciones que haremos los mexicanos durante 2018; dos, el monto en términos absolutos del endeudamiento neto en el que pueden incurrir tanto el Ejecutivo federal como las empresas productivas de Estado y bancos de desarrollo; y tres, el monto del endeudamiento neto que el Congreso de la Unión autoriza al gobierno de la Ciudad de México (CDMX).
La iniciativa de LIF para el próximo año fue modificada por los diputados, ya que a su parecer había que ajustar dos estimaciones: el tipo de cambio del peso con respecto al dólar y el precio del petróleo. La motivación atrás de estas modificaciones era generar más ingresos para sumarse al entusiasmo por ayudar a la reconstrucción derivada de los sismos. El tipo de cambio lo ajustaron de 18.10 pesos por dólar a 18.40 y el precio del petróleo de 46 dólares por barril (dpb) a 48.50 dpb. Calibrar el tipo de cambio puede ser discutible. Sin embargo, cambiar la estimación del precio del petróleo no fue un acto muy responsable.
Si bien el Congreso no modificó el techo de endeudamiento del sector público federal, sí aumentó el endeudamiento interno del Gobierno federal por 10 mil millones de pesos. Aquí también nos defraudaron los legisladores de ambas cámaras, pues modificaron la intención del Ejecutivo federal de reducir el monto del endeudamiento neto. Hay otro detalle más: la iniciativa del Ejecutivo federal traía un asunto muy controversial. El monto del endeudamiento solicitado para el Gobierno federal ya rebasaba la cantidad asignada para la inversión pública en 134.8 miles de millones de pesos (mmp). Nadie ha llevado aún a la Suprema Corte de Justicia el caso para interpretar si la autorización de deuda es para el gobierno federal o para el sector público en su conjunto. En lo personal, lo que financieramente es más sano y transparente es que al tener personalidad jurídica y patrimonio diferente, Gobierno federal, las empresas productivas de Estado y los bancos de desarrollo, los límites de endeudamiento deben asignarse por separado y no autorizar un límite global. De hecho, esta mala práctica llevó al sobreendeudamiento de Pemex, y ahora de seguirlo haciendo, esta indefinición va a llevar a el sobreendeudamiento al Gobierno federal, como ya pasó en los años anteriores.
Las calificadoras de riesgo crediticio dan calificaciones separadas al Gobierno federal, a las paraestatales y bancos de desarrollo. Lo hacen porque la fuente de pago para el Gobierno federal y las paraestatales es diferente. Para el Gobierno federal primordialmente son los impuestos, y hace algunos años los derechos sobre hidrocarburos. Para las paraestatales son los precios y tarifas y los volúmenes de producción. Más aún, ¿cómo puede justificarse que el Gobierno federal se endeude cuando no se destinará a constituir a activos que generen ingresos públicos con los cuales pagar la contratación de pasivos financieros? Por cierto, en 2018, de cada peso de gasto neto del gobierno, 73 centavos se financiarán con nuestros impuestos y sólo 11 centavos con ingresos petroleros. Por ello ahora nos duele más la corrupción. Antes, 42 centavos del gasto público federal se cubrían con ingresos provenientes de los hidrocarburos.
La tercera modificación fue darle un mayor techo de endeudamiento al Gobierno de la CDMX. El Congreso de la Unión elevó el límite en un mmp para dejarlo en 5.5 mmp.
La economía mexicana está y estará presionada por varias incertidumbres. Una, los caprichos del señor Trump en cuanto a si retira a los Estados Unidos (EU) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dos, una reforma fiscal en EU que logre bajar la tasa efectiva de impuestos, lo cual hasta ahora no parece factible que lo pueda hacer dadas las restricciones de déficit y que los gobiernos estatales se opondrán a perder la deducibilidad de sus contribuciones de los impuestos federales. Tres, la expectativa de que la Reserva Federal retome la senda de aumento en la tasa de referencia. Cuatro, en 2018 el proceso político interno mexicano será fuente de volatilidad dado que las propuestas que ha dado a conocer AMLO, el puntero en las encuestas, asustan a la inversión privada nacional y extranjera.
Economista. @jchavezpresa