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La aprobación de reformas constitucionales para sentar las bases para una Guardia Nacional con mando civil y sin fuero militar muestra que la alta política sí es necesaria. Con ese espíritu habría que ponerle la atención a un foco rojo de la economía nacional: la situación financiera de Petróleos Mexicanos. Esto no es nuevo ni es responsabilidad de la actual administración. Sin embargo, sí es su deber tener la claridad y la capacidad de ejecución para poner en orden a Pemex.
Pemex y el gobierno federal son hermanos siameses que comparten ingresos a partir de la riqueza de hidrocarburos. La reforma energética que pudo construirse a partir del Pacto por México sentó las bases y dio los instrumentos quirúrgicos para separar a los hermanos siameses, con lo cual Pemex podría desarrollarse como una empresa productiva de Estado.
Si algo habrá que reclamar con indignación a la pasada administración fue el desastroso manejo de Petróleos Mexicanos. Las cifras así lo revelan, no es cuestión de ideología, y durante más de doce años he insistido en este espacio de la gravedad del caso. Primero la extracción de millones de barriles de petróleo del yacimiento de Cantarell, y luego los altos precios del petróleo, evitaron hablar del gigantesco elefante que estaba en la sala.
Quienes afirmen que Pemex careció de recursos para invertir no se han molestado en ver los estados financieros. Los montos de inversión llegaron a ser como los de las grandes empresas petroleras del mundo. La diferencia estuvo en los resultados. Ni aumentaron reservas, y sí desplomaron la producción. En 2004 la producción del monopolio petrolero llegó a casi 3.4 millones de barriles diarios (mbd) para desplomarla a menos de 1.2 mbd en 2018. La apuesta a Chicontepec fue un rotundo fracaso. Ya no hablemos del desastre en la refinación.
La deuda financiera, sin el pasivo laboral, pasó, a precios constantes de 2018, de 100 mil millones de pesos (mmp) en el año 2006 a 868 mmp en el 2012, para luego llevar el saldo a más de 2 billones de pesos en 2017. De este último saldo, el 86.4% es deuda externa, esto es más de 80 mil millones de dólares.
Para irse a las causas del endeudamiento excesivo de Pemex tenemos que entrarle con la verdad y con el ánimo de arreglar de una vez por todas la perversidad de la hermandad siamesa. Sí va a ser necesario reformar la Ley de Pemex, no para quitarle funciones al consejo de administración y dárselas al director general, sino cambiar una composición nociva de su consejo. En ese órgano colegiado definitivamente no debe haber secretarios de Estado. No debe presidirlo el/la secretario(a) de Energía, y menos aún estar presentes el secretario de Hacienda. Lo que sí debe haber es un consejo con profesionales, honestos y con agallas para impedir las malas inversiones tanto en exploración y producción, como la escandalosa compra de los activos de las plantas de fertilizantes, y el abandono en la refinación.
Salvar a Pemex requiere del capital político del presidente López Obrador, como lo está usando en el combate al robo de combustible. Ahora habrá que aplicarlo en ubicar al sindicato en la nueva realidad. El contrato laboral tiene que modernizarse para tener flexibilidad y poder reducir el altísimo costo de operación. Es inaudito que no se haya reducido el gasto de operación cuando la producción de hidrocarburos y productos refinados se desplomó. La austeridad republicana tiene que llegar a Pemex para desterrar los privilegios, sin dejar de recompensar las remuneraciones del talento técnico, administrativo y financiero necesario. La administración anterior avanzó con reordenar las pensiones, pero seguirá siendo insuficiente mientras no se ajuste la plantilla y no mejore la calidad de la inversión para aumentar la producción.
A la hacienda pública también le toca su parte. La reducción drástica de la petrolización de las finanzas públicas sigue siendo insuficiente. En el 2008, a cada peso de gasto se cubría con 45 centavos de ingresos petroleros, ahora son menos de 15 centavos por peso de gasto. Pemex tiene que apurarse para hacer las asociaciones pertinentes que le permitan pasar de las asignaciones a las concesiones, y con ello pasar de un régimen fiscal basado en derechos sobre hidrocarburos a uno basado en impuesto sobre la renta.
Ahí está el capital político, ahora hace falta la voluntad para evitar que la degradación crediticia afecte a todas las actividades productivas con tasas de interés más altas.
Economista. @jchavezpresa
