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Este año va a ser crucial para el futuro de México y dependerá del cómo resolvamos dos eventos decisivos. El primero es externo y está en ciernes en Estados Unidos. El segundo es interno y depende de lo que los mexicanos elijamos en los procesos electorales de este 1º de julio.
Sobre el primer evento, el principal actor político de ese país pretende cambiar el papel que ha desempeñado EU desde la Segunda Guerra Mundial en la conformación de las instituciones del orden mundial que han promovido la paz, el comercio internacional, el fomento a las libertades de las personas, a la libre expresión y a la democracia. Donald J. Trump (DJT), presidente desde hace casi un año, amenaza con una disrupción adentro y fuera de su país.
Deliberadamente DJT tiene la intención de fracturar el orden existente. A quienes han sido y son los aliados de Estados Unidos los maltrata. No importa que sean Alemania, Francia o la Unión Europea en su conjunto. Si pensábamos que la agarró sólo contra México y Canadá, sus socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), basta ver que también las trae contra el acuerdo de libre comercio firmado hace once años con Corea del Sur. Quiere aplicar la misma medicina: a ese país asiático también lo considera como causante de una parte del déficit en la balanza comercial de EU.
Cómo resolveremos internamente tanto el impacto de la reforma fiscal así como la renegociación del TLCAN, son aspectos que demandan una gran destreza. Es muy probable que un TLCAN ‘2.0’ será menos favorable a lo que actualmente tenemos, o la posibilidad de un TLCAN “zombie”, ni vivo ni muerto, le agregarán incertidumbre a la inversión privada en la economía mexicana. Es difícil renegociar con quien actúa basado en la posverdad. Esto es así, pues DJT deliberadamente hace a un lado la evidencia y busca manipular a la opinión pública basado en sus creencias y emociones. Más lo complica cuando no deja de alardear que el TLCAN es el peor acuerdo comercial que ha firmado EU en su historia.
En el evento interno los actores somos nosotros. Va más allá de renovar la Cámara de Diputados, el Senado de la República, al jefe de Gobierno y del Estado mexicano, más gobernadores, presidentes municipales, jefe de Gobierno de Ciudad de México y alcaldías. En estas elecciones de 2018 se definirá la disputa entre dos proyectos nacionales.
Uno corresponde al que se ha disfrazado de “izquierda” para regresar al caudillismo, donde prevalece la discrecionalidad del Ejecutivo federal y donde sobran los contrapesos como el Congreso de la Unión (CU) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como los otros órganos autónomos; al paternalismo gubernamental; a las ocurrencias; a la vuelta de mecanismos de subsidios que empobrecieron más a la gente y abonaron a más corrupción, e.g. precios de garantía con Conasupo; amnistía a delincuentes que asesinan por dinero; el renovado gusto por los monopolios federales de Estado.
El otro proyecto en disputa es el que ya ha quedado plasmado en la Constitución, y que está por los derechos humanos; el acceso a la educación pública de calidad; a la competencia en las actividades productivas de los particulares; las libertades de las personas; el papel del Estado sólo como rector de la economía a través de la regulación y la supervisión con órganos que gozan de autonomía técnica; el proyecto donde el poder presidencial está acotado por el Congreso de la Unión y las resoluciones de la SCJN.
El primer proyecto ya tiene candidato y propuesta de gabinete. Para el segundo proyecto todavía no se han definido de jure ni los candidatos ni las propuestas concretas para consolidar y fortalecer las reformas que se han introducido en la Constitución desde 1992 a la fecha. Para el segundo proyecto falta por conocer las propuestas que devuelvan a México el orden, la seguridad y la movilidad social.
Falta conocer los cómo para coordinar mejor a las autoridades y que hagan que la población se sienta más segura y con acceso a mejores servicios públicos. Falta escuchar a quienes están convencidos de que las libertades y derechos que marca nuestra Constitución sólo pueden lograrse cuando el país se organiza para que toda la población pueda acceder a la seguridad social y a la educación pública de calidad.
¿Cómo lo resolveremos? Podemos regresar al pasado o construir un futuro promisorio. Nos tocará decidir cumpliendo con la obligación de votar.
Economista. @jchavezpresa
