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Las consecuencias fatales de los recientes sismos, que enlutaron a centenares de familias, obligan a la reconstrucción material de todo lo destruido, colapsado o dañado de alguna manera. Esto es responsabilidad principal del gobierno federal, compartida con la Cámara de Diputados y la participación del sector privado para asignar los recursos suficientes, ágiles y alejados de la corrupción.
Además, requerimos una reconstrucción social de México, retomando el ejemplo de miles de personas —especialmente jóvenes— de todos los estratos que se siguen haciendo presentes para aportar su invaluable ayuda en el escenario de la emergencia.
De nueva cuenta, la mayoría de los afectados han sido los sectores más necesitados del país; no sólo los más pobres, sino también los que, con esfuerzos de toda una vida, conformaron su patrimonio.
La enorme desigualdad social no puede ni debe continuar. Urge reorientar el desarrollo nacional para superar el preocupante déficit de credibilidad de la sociedad hacia las instituciones públicas, debido a la falta de respuestas a los reclamos de la población de que se repartan mejor la riqueza y los frutos del desarrollo; se frene y combatan la corrupción, la impunidad y la peligrosa inseguridad.
El largo tránsito de México hacia mayores libertades democráticas y derechos sociales e individuales no ha sido acompañado de la ampliación de oportunidades para hacerlos valer. La lógica del modelo económico de los últimos 35 años ha ido a contrapelo del desarrollo democrático y lo ha puesto en crisis al obstruir el cumplimiento de las ofertas electorales lo cual —a su vez— es el caldo de cultivo para la emergencia de pretendidos “salvadores de la Patria”.
La reconstrucción del tejido social va de la mano de la reorientación y reconstrucción económica para destinar recursos a la inversión en infraestructura, al campo, a las regiones de menor desarrollo y para crear empleos, incrementar salarios y fortalecer la capacidad adquisitiva de las familias mexicanas.
Y, contrario a quienes descalifican la política, lo que viene a eslabonar todos los necesarios esfuerzos ya mencionados, es la reestructuración del régimen político a partir de un ejercicio de imaginación política. La irritación de la gente en los días posteriores a los sismos vino a subrayar la evidencia de una crisis del régimen presidencialista, de su agotamiento inocultable y su incapacidad para resolver los problemas del país.
La pluralidad lograda debemos hacerla valer y prevalecer, sin permitir dar “carta de naturalidad” a la demagogia que quiere aprovechar el reclamo social contra los “políticos” (que sin duda deben ser buenos políticos), contra el “costo de la política” (que debe costar menos, también es cierto), para regresar al país de un solo partido y seguir sin cambiar nada.
Hacer valer y prevalecer al México plural y de mayores libertades y derechos para democratizar el poder público, darle voz y poder de decisión a la sociedad, mediante un gobierno de coalición que supere al unipersonal gobierno presidencialista y que la sociedad civil (que exige transparencia y alto a la corrupción) sea escuchada y tomada en cuenta para obligar a la reorientación y a la reconstrucción integral del país, en el marco de un gobierno que sepa construir acuerdos con todas las fuerzas, como lo ha planteado el Frente Ciudadano por México (PRD, PAN, MC).
México no está bien y no aguanta más. La oportunidad es ahora. Empecemos a actuar: menos privilegios para las clases políticas y empresariales, mejor distribución de la riqueza, alto a la corrupción, a la impunidad y a la inseguridad.
Ni conformismo priísta ni retrocesos con falsos redentores.
Vicecoordinador de los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática
