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Una de las características de gobiernos populistas es que su “programa de gobierno” está constituido por un conjunto de elementos disímbolos, poco relacionados y, hasta cierto punto, incoherentes, pues responden a las demandas de la población que en campaña el gobierno electo hizo suyas. En el caso de México, ejemplos son cancelar el Nuevo Aeropuerto de México, construir una nueva refinería y atribuir todas las penurias a la acción deliberada de gobiernos “neoliberales, porfiristas y conservadores“ (sic).
Por esto, no sorprende que al iniciar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), sean muchos los elementos que el gobierno habrá de acomodar en un todo, con un mínimo de coherencia y sentido de rumbo. De ahí que la oposición a gobiernos populistas señale sistemáticamente las inconsistencias y demande que el gobierno precise un programa coherente y viable. También recurre a plantear su propio proyecto “alternativo”, como contrapunto para inducir a que el gobierno populista precise el suyo.
Quizá debido al devastador efecto de la elección de julio de 2018 sobre los partidos “tradicionales”, hasta ahora ninguno ha iniciado la tarea de plantear su programa “alternativo”. Se requiere que la propia ciudadanía, aquélla que no votó por AMLO, contribuya a formularlo. Dado que el proyecto presidencial está anclado en el pasado, inspirado en políticas de mediados del siglo XX en México, debe anticiparse que los proyectos “alternativos” difieran sustancialmente de la visión del Presidente.
Son muchos los aspectos que deben abordarse para dar cuerpo y estructura a un proyecto alternativo, lo que rebasa los alcances de este espacio. Sin embargo, cabe señalar las que serían un par de diferencias esenciales. La primera se refiere a la necesidad de avanzar en consolidar la democracia liberal de México; no abordaré ese tema hoy. La segunda corresponde a modificar la concepción del rol del Estado en la construcción de una sociedad de bienestar, esto es, en garantizar que la población tenga acceso a los bienes y servicios esenciales para la red social de protección, entre los que destacan salud, educación, pensiones, entre otros. El asunto abreva del añejo debate acerca de Estado y mercado, pero va mucho más allá pues se plantea cómo deben producirse los bienes y servicios necesarios para garantizar los derechos fundamentales de la sociedad (véase EL UNIVERSAL, septiembre 25, 2013).
En la visión que se gestó a partir de la Revolución Mexicana, el rol del Estado ha sido más que garantizar el acceso a esos derechos fundamentales, proveerlos directamente, en instalaciones propias, con personal de la nómica del gobierno, y con una gran centralización. Esa visión, que viene de Vasconcelos, de Cárdenas y de gobiernos priístas de buena parte del siglo XX, desembocó en el gigantismo del Gobierno Federal mexicano, en un sistema público de educación básica que tiene más de 162 mil planteles y más de 702 mil profesores. Algo similar sucede con el aparato de salud que, a pesar de estar segmentado en “sistemas estanco”, por demás injustos e ineficientes, cuenta con más de 86 mil camas de hospital y 538 mil médicos y enfermeras.
Ese esquema de Estado proveedor, adoptado por México y muchos otros países, enfrenta desde hace un par de décadas, críticas y cuestionamientos de mucho fondo, sea por falta de cobertura pero, sobre todo, por la mala calidad de los servicios provistos directamente por el Estado. A nivel global, esto ha provocado múltiples reacciones, siendo la más notable y analizada el “modelo nórdico”. Tras haber alcanzado una situación límite, cobrar impuestos altísimos y con éstos sostener enormes sistemas “burocratizados” de salud, educación, y bienestar en general, se dio un vuelco hacia un “Estado garante” de los derechos de la población, pero a partir de una provisión descentralizada, distribuida de los servicios en cuestión: escuelas, clínicas, y demás instalaciones operadas por particulares, sustentadas financieramente por el Estado, a las cuales los ciudadanos tienen acceso. Por ejemplo, en Dinamarca y Noruega se permite que empresas privadas administren hospitales públicos.
Ese modelo no puede ser ignorado por los mexicanos y debe analizarse y debatirse ahora que se formula el PND de la administración del Presidente López Obrador. Si Morena y el gobierno no consideran adecuada esa ruta, que expliquen por qué.
Presidente de GEA Grupo de Economistas y Asociados / StructurA
