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Al conocerse los términos de la “negociación” del gobierno de México con el gobierno de EU, sobre la amenaza de Trump de establecer un arancel inicial de 5% a productos mexicanos, que escalaría hasta 25%, respiró este país. El alivio duró poco, pues al mismo tiempo se conocieron las concesiones que el gobierno mexicano había otorgado al estadounidense en materia de migración. Vino el desencanto.
La migración es un fenómeno global, que incluye la de esta región. Es reconocido que la migración no tiene solución, y que sólo puede administrarse, con sumo cuidado. Medido por las detenciones realizadas por el Customs and Border Protection (CBP) de los EU, el flujo mensual de intentos de entrar a EU, 60,575 de octubre a enero, explotó a partir de febrero: las detenciones aumentaron a 144 mil en mayo. Esto respondió a la pujanza de la economía de EU, a lo raquítico de las centroamericanas, y a la invitación que AMLO hizo en campaña y en el gobierno, de “no maltratar a los migrantes y garantizar sus derechos humanos”, así como que “...el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, una visa de trabajo...”; de hecho, en enero de este año, el gobierno de México aceleró la entrega de pasaportes y visas.
Con la información disponible, que es incompleta, México se comprometió a tres acciones principales: en su frontera norte, i) a recibir a personas que le envíe el gobierno estadounidense una vez que hayan solicitado refugio y estén esperando respuesta; hoy son del orden de 10 mil, pero se acordó que EU acelerará ese trámite, y se estima que lleguen a 60 mil en agosto; ii) a que el número de puntos de entrada hacia México para esos migrantes “en espera” aumentará de tres (Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez) a seis; en cada uno de esos sitios habrá que aumentar con urgencia las capacidades para brindarles alojamiento, alimentación, salud y quizá empleo. No está claro cuánto tiempo permanecerá cada migrante, ni cuánto costará brindarles asistencia humanitaria, ni qué nacionalidades aceptará México; iii) no es claro, cuando EU rechace su solicitud, quién será responsable de repatriarlos y con cargo a qué presupuesto.
En la frontera sur, los compromisos son: i) reducir el número de personas que logran entrar por ahí y transitar hasta llegar a la frontera con EU para solicitar refugio. Se anticipa que habrá tres barreras de intercepción: una en la frontera misma, otra a 50 kilómetros, y la tercera en el Istmo de Tehuantepec. Para esto se destacaron 6,000 elementos de la Guardia Nacional, de la meta de 65,000 para el primer año. Su misión será impedir que crucen del orden de 140 mil migrantes al mes, un total anual de cerca de millón y medio. Se requerirá ajustar protocolos para detenerlos, registrarlos, alojarlos temporalmente y repatriarlos. Eso sólo será posible a partir de nuevos entendimientos de cooperación con los principales países centroamericanos y del Caribe. No se conoce qué criterios aplicarán a migrantes de otras latitudes.
El punto más denigrante para México se refiere a la supervisión y calificación del gobierno de EU sobre la suficiencia de las acciones de México en materia migratoria. Acertadamente al conocer los términos del acuerdo, algunas voces señalaron que había regresado la “Certificación”, aquel proceso por el cual el Ejecutivo y el Legislativo de EU calificaban, cada año, si las acciones de México en contra del tráfico de drogas eran adecuadas y suficientes. Previo a dicha certificación, la tensión entre ambos países aumentaba sustancialmente, descomponiendo la relación bilateral en todos sus aspectos. Entonces, el proceso se basaba en un intercambio continuo entre los gobiernos de EU y México. Después de varios años de pugnar por eliminar dicha certificación, sólo se logró hasta 2001, como una ofrenda del gobierno estadounidense al de Vicente Fox.
A diferencia, ahora la certificación se dará cada 45 días, bajo la amenaza de que Trump imponga aranceles. Esto introduce gran incertidumbre en la relación bilateral y volatilidad en los mercados financieros en México.
Lo más denigrante es que los criterios que se establezcan para evaluar las acciones migratorias por parte de México habrán de ser aprobados por la burocracia estadounidense, a satisfacción de Trump, quien podrá imponer aranceles a discreción. ¡Qué horror! ¿Por qué aceptó México esto? Porque NAFTA 2.0 (TMEC) todavía no es una realidad, por la gran fragilidad de la economía mexicana (calificadoras) y por la desconfianza de muchos en el gobierno de AMLO.
Presidente de GEA Grupo de Economistas y Asociados / StructurA
