La consulta organizada por Morena para decidir sobre el futuro del aeropuerto internacional del Valle de México fue una auténtica farsa. Más allá de la grotesca decisión final de cancelar el proyecto de infraestructura más importante de los últimos 60 años en nuestro país, llama poderosamente la atención lo mal que hicieron las cosas, de punta a punta. Políticamente, es una irresponsabilidad trasladar la toma de decisiones al pueblo, sobre todo en temas de tal complejidad técnica y con tan poca información disponible. Jurídicamente, fue una consulta absolutamente inconstitucional. Y, científicamente, es simplemente absurdo comparar un proyecto viable con otro bodrio que ni siquiera es proyecto.
Si bien tenemos fórmulas de democracia directa en México, como la consulta popular, consagrada en el artículo 35 constitucional, éste dispone: 1) que la consulta la convoca el Congreso de la Unión a petición del Ejecutivo Federal, de al menos el 33 por ciento de diputados o senadores o del equivalente a cuando menos el dos por ciento de ciudadanos que integran el padrón electoral; 2) que es la SCJN quien valida su temática; 3) que para que una consulta sea vinculante debe participar, cuando menos, un 40% de ciudadanos que integran dicho padrón; 4) que es el Instituto Nacional Electoral el encargado de organizar, hacer el cómputo y la declaratoria correspondiente y 5) que la consulta debe realizarse junto con el proceso electoral federal. Como se puede ver, ninguna de estas condiciones se cumplió porque, alegan, aún no son gobierno. Impecable disertación. Ah, pero eso sí, aunque apenas haya participado el equivalente al uno por ciento del padrón y detectado cualquier cantidad de anomalías, la consulta “patito” será vinculante para el próximo gobierno.
Aquí hay dos puntos realmente preocupantes: el primero es que es una estupidez y una irresponsabilidad tomar este tipo de decisiones de carácter técnico y científico preguntando su parecer al “pueblo bueno y sabio” (que no tiene por qué saber las especificaciones de un aeropuerto internacional). El segundo es que pretenda el próximo presidente de la República recurrir a la consulta popular, de a tiro por viaje, sin apego a la Constitución y su ley reglamentaria. ¿Qué tal que un día amanezca López Obrador con la peregrina idea de tomar las reservas internacionales del banco central para cumplir sus ocurrencias de campaña y las que se siguen acumulando? Obviamente la Junta de Gobierno del Banco de México se opondría rotundamente a una propuesta de esa naturaleza. Y ahí es donde podría venir la opinión del “pueblo bueno y sabio” al que le preguntarían si les parece justo que haya 173 mil millones de dólares guardados en arcas y que son de todos los mexicanos, pero que una punta de tecnócratas insensibles los guarda celosamente a pesar de tantas necesidades sociales.
En suma: antes de ser gobierno formalmente la próxima administración ya cometió un monumental y quizá definitorio error que pega en la línea de flotación de la confianza y la certidumbre. Les ganó la ignorancia, la soberbia, los prejuicios, el ánimo de revancha y la demagogia. La que nos espera.
Profesor y abogado