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Hace unos días conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, no para celebrar sino para recordar que en México y en otras latitudes del planeta aún persiste la desigualdad, el maltrato y la violencia en contra de ellas, y para hacer evidente que en materia de participación política la paridad no está garantizada.
Desde la lucha de las mujeres de Chicago hasta nuestros días, en México la violencia que perjudica a las mujeres persiste como un mal al que por ningún motivo debemos acostumbrarnos, de hecho, nadie tiene derecho a permanecer callado ante esta realidad que destruye hogares y comunidades y propicia conductas indeseables en la conciencia de nuevas generaciones.
Las alertas de género sobre este tipo de violencia han servido para llamar la atención de las autoridades, para señalar a aquellos municipios y estados donde las mujeres sufren con mayor perjuicio y frecuencia, el dolor de la violencia doméstica, pero la realidad es que tienen más un efecto político por el escarnio a las autoridades, que respuestas de solución para las familias.
Desde luego que este flagelo se convierte en condena, cuando sabemos que el feminicidio producto de la violencia machista aumenta; de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, siete mexicanas son asesinadas cada día, y solo un 25% de los casos son investigados como feminicidios, delito donde la condición de mujer es el principal motivo que impulsa al perpetrador a ser violento.
Así pues, muchos son los frentes que el tema de género nos presenta como retos a quienes tenemos responsabilidad pública y política en el desarrollo del país.
Desde la Cámara de Diputados hemos aportado para que la legislación garantice a las mujeres espacios en los lugares donde se toman las más importantes decisiones de política pública. Así en las próximas elecciones, por primera vez en la historia de México, serán mujeres las que encabezarán en todos los espacios municipales, estatales y nacionales las candidaturas plurinominales para regidoras, diputadas locales, diputadas federales y senadoras de la República.
Actualmente, esta LXIII Legislatura se distingue en la materia ya que el 42% de sus integrantes son del género femenino, y ocupa el séptimo lugar en el mundo con mayor representación de mujeres en los espacios legislativos. Pero en el Poder Ejecutivo aún no se renuevan; En el actual gabinete presidencial menos del diez por ciento de los cargos de primer nivel son ocupados por mujeres.
Así que, por mi parte, como legislador en la Cámara de Diputados presenté el 27 de abril de 2017, una iniciativa de reforma constitucional para que el gabinete del presidente de la República se integre en forma paritaria, 50% para cada género.
Uno de los fundamentos para que esta reforma proceda se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama que todos los seres humanos somos iguales ante la ley y que todos tenemos, sin distinción, derecho a igual protección de la ley; lo que se complementa con el reconocimiento y protección de los derechos de las personas consagrado por nuestra Constitución.
Igualmente he lanzado un exhorto a las candidatas y los candidatos que aspiran a ocupar la Presidencia de la República, la jefatura de gobierno y las ocho gubernaturas, así como a las presidencias municipales, para que asuman un compromiso público de integrar con criterios de paridad sus gabinetes en los puestos de primer nivel.
Vicepresidente de la Cámara de Diputados
