Incómodo es el que molesta, el que disgusta, el que no resulta confortable para algunos. Así fue considerado por los poderes fácticos que operan en el sistema, el fiscal Santiago Nieto Castillo, cuyo pecado fue hacer público lo que todo México ya sabe, es decir, que Pemex es un barril sin fondo carcomido por la corrupción.
Si el ex director de Pemex se atrevió a presionar al fiscal especial para la atención de delitos electorales, es porque también forma parte de ese sistema que está por encima de las instituciones, que les permite absoluta impunidad y, probablemente, porque muchos de ese grupo están también implicados en el escandaloso caso Odebrecht, relativo a los presuntos y millonarios sobornos entregados por la empresa brasileña a servidores públicos mexicanos.
Que el encargado de despacho de la PGR despida a un funcionario designado por el Senado de la República por faltar a la ética, resulta un acto contrario a derecho; pero es además un contrasentido, ya que los mexicanos demandan transparencia y honestidad en el servicio público. Santiago Nieto procedió con ética que es plausible al denunciar a un presunto delincuente, que además se puso en evidencia absoluta al pretender presionar para obstruir la justicia.
Sancionar a quien combate la corrupción con un despido injustificado, es para este gobierno como caminar en sentido contrario a la historia, es dar la espalda a la sociedad, retrata de cuerpo completo un gobierno insensible e incapaz de atender la demandas de transparencia y de transformación que están a flor de piel y en el ánimo de una población que espera el cambio.
Mal comienza la semana a quien ahorcan en lunes, así le ha ocurrido al nuevo encargado de procurar justicia en México, que ha declarado que cuidará el debido proceso a favor del ex director de Petróleos Mexicanos; mientras que la sociedad que representa en los litigios, esperaría que cuidara de los intereses del país y se ocupara más de la procuración de justicia que no es pronta ni expedita para la mayoría de los mexicanos.
Para rematar a la Procuraduría, ya se adelantó que no hay condiciones para que los mexicanos se puedan merecer una Fiscalía General autónoma, con independencia técnica y de gestión; dependeremos ahora de los resultados electorales, porque un país que se asume democrático en la Constitución, no es capaz según algunos de sus dirigentes, de darse instituciones fuertes, a la par de los procesos de cambio en el poder. Nos siguen tratando como menores de edad.
El caso es que a los tomadores de decisiones en el sistema les ha importado poco la credibilidad de las instituciones, y han puesto en entredicho la honorabilidad y confianza en la Procuraduría General de la República, es por eso que en los corrillos políticos la pregunta obligada es ¿de qué tamaño es el caso Odebrecht y a qué niveles de servidores implica, como para estar dispuestos a pagar cualquier costo político?
Con la salida de Santiago Nieto, que seguramente se litigará y comentará por semanas, no sólo pierde la Procuraduría General de la República como institución, pierde México, pierde la sociedad y pone en entredicho la voluntad de un gobierno que se ve poco dispuesto a implementar el Sistema Nacional Anticorrupción, que precisamente tendría como misión perseguir la descomposición que impera en muchos aspectos de los tres órdenes de gobierno.
Vicepresidente de la Cámara de Diputados