Con las reformas constitucionales en materia educativa, se asumieron diversos compromisos de formulación de las leyes secundarias, entre ellos, elaborar una Ley General de Educación Superior, antes de que concluya 2020.
Desde 2015 la ANUIES trabaja de manera colegiada con especialistas de sus asociadas en una propuesta de marco jurídico en materia de educación superior que considerara el contexto de la sociedad del conocimiento, el escenario mundial cada vez más globalizado y el nacional; permitiera enfrentar los retos actuales y asegurara la calidad, pertinencia y sustentabilidad del sistema de educación superior. Se contó con un diagnóstico sobre la vigente Ley para la Coordinación de la Educación Superior de 1978 (LCES), el cual reflejó rezago, obsolescencia y contenido limitado. Entre otros aspectos detectados, se encuentra que el desuso de sus normas provocó su sustitución por prácticas, especialmente en la gestión directa para la obtención de los presupuestos para las universidades e instituciones de educación superior (IES). La asignación presupuestal y los criterios de distribución de los recursos se consideraron muchas veces insatisfactorios, insuficientes e incluso, inequitativos ante las distintas condiciones y necesidades, así como por la diferencia en el tamaño y matrícula de las IES.
Si bien se prevé en la LCES, la coordinación de la educación superior ha carecido de mecanismos efectivos y en los hechos, se realizó mediante convenios entre instituciones públicas y dependencias federales y estatales, aunque se hizo cada vez más compleja ante el surgimiento de nuevos y distintos subsistemas.
Para definir los contenidos de la propuesta, se precisó la distribución de las competencias exclusivas y concurrentes de las autoridades educativas federal y locales en educación superior. Asimismo, la propuesta tendría que ofrecer soluciones normativas o poner las bases para su regulación, por lo que se incluyen aspectos no considerados en la LCES, además de temáticas indispensables para mantener armonía en la planeación y definición de políticas que propicien el desarrollo de este tipo educativo. Se propone crear un Consejo Nacional de Educación Superior como órgano colegiado de interlocución, deliberación, consulta y consenso para la toma de decisiones y un sistema de información que coadyuve a dicho propósito; se promueven procesos sistemáticos e integrales de evaluación de las funciones y de la gestión; también proponemos que los recursos federales se entreguen directamente a las IES estatales, sin que puedan ser inferiores a los asignados en el ejercicio fiscal anterior ni disminuirse en el ejercicio de que se trate; que los programas y fondos específicos puedan tener programaciones plurianuales con el propósito de favorecer la planeación institucional; y se reconoce la contribución de las IES particulares en la formación de profesionales. Asimismo, la propuesta sienta las bases institucionales que nos permitan tener un Sistema de Educación Superior flexible para enfrentar de manera exitosa los retos del acelerado cambio tecnológico, el futuro del trabajo y la Educación 4.0.
Con las reformas deberá incorporarse lo relativo a la educación superior impartida por el Estado y su distinción con las universidades autónomas por ley.
La intención de la ANUIES es coincidente con el compromiso establecido en las reformas y esta propuesta ya se puso a disposición del Ejecutivo a fin de contar con un marco legal actualizado que contribuya al desarrollo de la educación superior en México.
Secretario general ejecutivo de la ANUIES