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El 10 de enero pasado, en un acto presidido por el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), presentó los estudios “El Futuro de la Educación en México. Promoviendo Calidad y Equidad” (https://goo.gl/LnN2Ng) y “Educación Superior en México. Resultados y Relevancia para el Mercado Laboral” (https://goo.gl/QYuHsJ). Ambos documentos son complementarios y convergen en el análisis de la situación del sistema de educación superior.
Reconocen que se ha realizado en el país un gran esfuerzo por incrementar la cobertura de educación superior al pasar de 2.1 millones de estudiantes en el año 2000 a cerca de 4.4 millones en 2017. Sin embargo, al comparar estos avances en el contexto internacional, resultan insuficientes, ya que el porcentaje de la población entre 25 y 34 años con educación superior se encuentra 20 puntos porcentuales por debajo del promedio observado en los países miembros de la OCDE que asciende a 43%.
Los informes señalan que para lograr una mayor gobernanza del sistema de educación superior, el país debe contar con un marco legal actualizado que dé claridad y certeza sobre las funciones y responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno y de las instituciones de educación superior; perfeccionar los procesos de planeación tanto a nivel federal como estatal con líneas de acción más precisas y con la asignación de recursos necesarios, así como desarrollar un sistema integral de información de la educación superior para apoyar la toma de decisiones.
Con base en los resultados, la OCDE plantea tres prioridades clave para la educación superior en el país. La primera, asegurar que la inversión en educación superior sea adecuada para garantizar su calidad, proporcional a la evolución de la matrícula y con criterios transparentes para la asignación de recursos públicos a las instituciones educativas.
La segunda, los estudiantes deben tener mejores garantías de la calidad de la educación que reciben, mediante medidas como el incremento de la acreditación externa de programas, la creación de un organismo único que asegure la calidad y lograr que el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) sea un requisito indispensable para que una institución de educación pueda operar.
La tercera prioridad, lograr una mayor correlación entre las competencias que los estudiantes adquieren en la escuela y las necesidades del mundo laboral. Recomienda que los criterios de acreditación de los programas educativos incluyan la pertinencia de la oferta educativa, lo cual está relacionado con la empleabilidad de los egresados. Asimismo, fomentar la formación dual, los programas de posgrado con la industria y una ofrecer una educación superior más flexible.
La ANUIES recibe con beneplácito estas recomendaciones, las cuales son consistentes con los principales planteamientos del documento “Visión y Acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México” (https://visionyaccion2030.anuies.mx/Vision_accion2030.pdf) el cual fue presentado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en agosto pasado y cuyas acciones seguiremos promoviendo desde las instituciones asociadas, con el propósito de que sean consideradas como ejes estratégicos para el desarrollo de la educación en nuestro país.
Secretario general ejecutivo de la ANUIES.
jaime.valls@anuies.mx Twitter: @jaimevalls
