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El 18 de marzo de 2011, el municipio de Allende, Coahuila, fue testigo mudo del horror. Durante al menos un fin de semana, entre cuarenta y doscientos familiares, amigos, conocidos y trabajadores de tres personas fueron desaparecidos y asesinados; sus propiedades, saqueadas, incendiadas y destruidas. Todo ante la mirada impávida —e incluso cómplice— de las autoridades.
Durante años, los hechos se comentaron con miedo, entre los familiares que quedaban y los pocos vecinos que se atrevían a recordar y hablar. A la tragedia, se sumaría el silencio y, a éste, la larga espera por la justicia y, sobre todo, la verdad.
La existencia de contextos de macro criminalidad obliga a que diversos paradigmas que se han empleado en la política de atención a víctimas en México se actualicen, la crisis en la que estamos inmersos obliga a pensar diferente. En este sentido, la justicia transicional ofrece al Estado y a las víctimas un nuevo modelo para lograr la paz en el país.
La justicia transicional descansa sobre los pilares de la memoria, la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición. En torno a esto, la historia mundial muestra que, en la mayoría de los casos, los países que transitan de una sociedad en conflicto a una sociedad en condiciones de paz inician creando comisiones de la verdad con los siguientes objetivos: entender, describir y difundir los horrores del pasado reciente; poder crear un marco de reparaciones a víctimas congruente con su realidad; abonar a los procesos de justicia; poder emitir recomendaciones que den garantías de no repetición; así como entender el pasado y erigir un mejor futuro.
Si bien en la experiencia internacional se han creado comisiones de la verdad y, de manera posterior, se han implementado instituciones dedicadas a desarrollar la política de reparación, México cuenta ya con un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con un importante bagaje en la materia.
El Sistema está en vías de consolidación, a nivel nacional, ha involucrado un trabajo contundente y especializado y ha permitido instalar una Comisión Ejecutiva a nivel federal, así como diversas comisiones estatales. Con todo y sus deficiencias y áreas de oportunidad, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, de la mano de una Comisión de la Verdad, es el mejor mecanismo para implementar la justicia transicional en México.
En octubre de 2016 fue publicada En el desamparo, una investigación elaborada por El Colegio de México con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sobre los atroces hechos de Allende, Coahuila y San Fernando, Tamaulipas. En lo que puede definirse como un recuento del horror, subyace la búsqueda por la verdad; en las palabras finalmente pronunciadas, se salvaguarda la memoria.
El Estado mexicano tiene una deuda con las víctimas, estamos ante la oportunidad de repensar los mecanismos para comenzar a saldarla. La victimización que ocurre en el país no tiene límites territoriales, ni de fuero, ni temporales; del mismo modo, la política de atención a víctimas debe dejar de verse en términos de competencias o de una sola institución. Debe transitarse hacia un modelo en el que la víctima sea el centro; la justicia transicional, el camino; y la pacificación del país, el objetivo. La reconciliación del país será con las víctimas, o no será.
Comisionado ejecutivo de atención a víctimas
