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El derecho a defender los derechos humanos es uno de los cimientos sobre los que se erigen las sociedades democráticas: es poner, al servicio de la colectividad, los propios derechos y libertades. Lamentablemente, este derecho no siempre puede ejercerse en condiciones de libertad y seguridad.
El reciente asesinato del ómbudsman Silvestre de la Toba Camacho y su hijo, así como el de Yendi Guadalupe Torres Castellanos, fiscal especial en delitos sexuales y contra la familia de Pánuco, Veracruz, son amargo recordatorio de una realidad. Defender los derechos de las y los otros, conlleva un camino de riesgo: la probabilidad de perder la vida, la integridad y la seguridad.
Los ataques a las y los defensores de derechos humanos se enmarcan en contextos de violencia; son sumamente graves y condenables en la esfera individual de las personas. Pero sus consecuencias van mucho más allá de las víctimas directas. Atacar a un defensor de los derechos humanos funciona como silenciador, como advertencia colectiva. Transgrede la dignidad de la víctima directa y vulnera las causas que representa.
Lo anterior es particularmente crítico toda vez que muchos defensores de los derechos humanos en nuestro país, lo son debido a circunstancias que las han orillado a asumir dicha actividad. Se trata de familiares de víctimas directas que, en la búsqueda de justicia y verdad para sus familias, luchan para que otros las alcancen.
Hoy, a escasos días de la conmemoración del Día internacional de las defensoras de los derechos humanos, es preciso recordar a quienes, como Miriam Rodríguez y Marisela Escobedo, fueron asesinadas mientras buscaban justicia, haciendo la labor de un Estado que les falló.
La mejor manera de honrar su memoria es previniendo que otras personas defensoras vuelvan a ser víctimas de hechos tan atroces. Ahí, los representantes del Estado tenemos una responsabilidad compartida.
Las autoridades debemos implementar una política de Estado, centrada en derechos humanos y orientada al fortalecimiento de las instituciones; a eliminar el ciclo de impunidad que perpetúa violaciones a derechos humanos de las víctimas, sus familias y de quienes las defienden.
En este sentido, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene en la atención de las personas defensoras de los derechos humanos, un mandato de Ley y una convicción. La institución brinda medidas de ayuda inmediata a personas defensoras desplazadas por la comisión de un delito o una violación de derechos humanos en el ámbito federal.
Además, se les proporciona asistencia y representación jurídica ante la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre otras acciones. Si bien existen avances, queda mucho por hacer para brindar una adecuada defensa y acompañamiento a las personas defensoras de derechos humanos. Aún no logramos cerrar la brecha de confianza entre ellas y las autoridades, requisito indispensable para un esquema adecuado de protección y representación. Es esa una deuda que debemos saldar.
El 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos; en este marco, la CNDH distinguirá a dos personas defensoras: Miguel Álvarez Gándara y Lucía de los Ángeles Díaz Genao. Sus trayectorias e historias de vida son ejemplo de una profunda convicción de servicio, que pone el bienestar colectivo por encima del propio. Las instituciones y el Estado tenemos mucho que aprender de ellos.
