Hace unos días, el Instituto Nacional Electoral aprobó las cantidades que asignará a los partidos políticos en 2018, para sus actividades ordinarias, específicas y para las campañas electorales. Más de 6 mil millones de pesos, lo que constituye una cifra récord.
Coincido con las voces que señalan la necesidad de revisar a profundidad la pertinencia del financiamiento público a los partidos y a los candidatos. Aún más: mi convicción es que este financiamiento debe abrirse más a las aportaciones particulares que al erario.
La gente en México manifiesta desde muchos frentes un hartazgo hacia la política, y que el dinero que todos aportamos al pagar los impuestos se gaste en la operación de partidos y campañas no es precisamente el mejor de los argumentos frente a ese hartazgo.
Hay quienes dicen que permitir una mayor participación del financiamiento privado hacia los partidos implica el riesgo de que capitales insospechados, incluso de la delincuencia organizada, irrumpan de lleno en sus actividades.
Cabría preguntarse si las normas actuales, con un derroche de recursos públicos para sostener a los institutos políticos y a campañas electorales, han impedido que ocurran casos como el Pemexgate, los Abarca en Guerrero, la chapodiputada en Sinaloa, los moches del PAN para financiar campañas…
Con reglas claras, y sobre todo con una firme aplicación de la ley en el ejercicio de los recursos, claro que es posible evitar la participación de capitales “sucios” en los partidos y en las campañas. Es más, es posible saber con claridad quién y cuánto aporta a cada partido.
De lo que se trata es de ya no endilgar al pueblo ese gasto, sobre todo en un país como el nuestro, con tantas carencias. Con 6 mil millones de pesos se puede abastecer de medicamentos a muchos hospitales y clínicas públicas, apoyar a emprendedores, aligerar la carga de impuestos que encarecen bienes como las gasolinas…
Desde hace tiempo me he pronunciado a favor de la reducción del financiamiento público a los partidos y a las campañas. También he propuesto, a través del movimiento #HazloPorMéxico, que las campañas se orienten hacia acciones de provecho para la comunidad, en vez de tirar a la basura papelería y propaganda.
Legalmente, el presupuesto 2018 del INE a los partidos no puede ser suspendido. Pero debe abrirse el debate para que, en adelante, deje de gastarse tanto dinero público en política, y se destine a lograr mejores condiciones de vida para todos los mexicanos.
Diputada federal por el PRI