Ayer se aprobó por unanimidad en el Senado el dictamen modificado para la creación de la Guardia Nacional. Debido a una intensa negociación entre los distintos grupos parlamentarios en el Senado y la intervención de la sociedad civil en el proceso, se acordó que el mando de la Guardia será civil y que estará en labores de seguridad pública durante 5 años.
Esta misma semana se aprobó a su vez la reforma al artículo 19 constitucional para ampliar el número de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Ambas reformas se justifican en sus respectivos dictámenes por la crisis de inseguridad y de violencia que vivimos.
Cuando uno analiza el tema de impunidad penal en el país, se tiene que analizar una serie de cuestiones dentro de lo que podría considerarse la “cadena de impunidad”: la labor de las instituciones que se dedican a la seguridad pública, procuración e impartición de justicia. Podríamos decir que la reforma de la Guardia Nacional está enfocada en la labor de seguridad pública en el país y la reforma al artículo 19 para ampliar los delitos de prisión preventiva automática está enfocada en la parte de procuración de justicia.
Analizadas bajo este esquema, ambas reformas se pueden justificar como un esfuerzo por fortalecer la labor de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia en el país para combatir los altos niveles de impunidad a los que nos enfrentamos. Sin embargo, revisando las reformas a detalle queda claro que ambas parecen enfocarse en intentar reducir una situación crítica de violencia más que en dar soluciones a largo plazo al tema de impunidad.
No es poca cosa intentar hacer frente a la crisis de inseguridad que vivimos. Sin embargo, si se quiere atacar el problema de impunidad en el país, se debe invertir en las instituciones de seguridad pública locales y en las procuradurías y fiscalías estatales. Tal y como se establece en el dictamen de la Guardia Nacional, ahora tendremos una fecha de retiro de las fuerzas armadas de las calles; sin embargo, si no se aprovecha este tiempo para rediseñar los cuerpos policiales, volveremos a las mismas en 5 años.
Aunque considero importante celebrar el acuerdo que se logró para que la Guardia Nacional tenga un mando civil, es importante recordar que la reforma aprobada para ampliar los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa representa un gran retroceso al sistema penal acusatorio del país. Con esta reforma la presunción de inocencia es algo que parece perderse en este sexenio. A su vez, esta ampliación del catálogo del 19 desincentiva la inversión en modelos de gestión y de investigación en las instituciones de procuración de justicia tanto a nivel federal como estatal. Ya que ahora podrán presumir avances falsos en el tema de justicia diciendo que se está metiendo a gente en la cárcel aunque nunca se llegue a una sentencia.
Celebremos lo alcanzado por la sociedad civil y la oposición en el Senado con el dictamen de la Guardia Nacional, pero no dejemos de lado que la estrategia para reducir los niveles de inseguridad y de impunidad en el país tienen un desenlace agridulce con la aprobación de estas dos reformas. Habrá que aprovechar estos 5 años para invertir en los cuerpos policiacos de nuestro país y en fortalecer la capacidad de investigar casos complejos delictivos y llevarlos a una sentencia condenatoria.
Directora Ejecutiva de Impunidad Cero