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Se ha hablado mucho en los últimos días sobre el Poder Judicial, sobre su autonomía y su papel de contrapeso respecto a los demás poderes. Celebro que se den estas discusiones sobre el tema de la impartición de justicia en el país, el cual parecía relegado respecto a su importancia para reducir los niveles de impunidad. Sin embargo, considero que otro asunto es igual de importante que el presupuesto que recibe el Poder Judicial y los problemas de ingreso, selección y nepotismo de sus funcionarios. Este tema es la falta de transparencia respecto a las sentencias que emiten.
Uno de los aspectos que han sobresalido en esta discusión tiene que ver con el enojo que manifiesta la ciudadanía respecto a los sueldos de los ministros de la Suprema Corte. Asumo que además de responder a un asunto de disonancia respecto al estado económico del resto de la población, este enfado responde a una percepción de que la justicia en el país no funciona. Sin embargo, al hacer este juicio se cae en el error de determinar que todo el aparato de impartición de justicia depende de la actuación de la Suprema Corte. Así como asumir que el funcionamiento y el presupuesto del Poder Judicial federal es similar al del Poder Judicial local, lo cual es falso. A pesar de esto, si uno se concentra de forma generalizada en su labor, ¿cómo se puede determinar si el Poder Judicial es efectivo? Pues primero depende del nivel que se analice (federal o estatal), así como de la materia que se trate (ya sea penal, administrativa, civil o de trabajo).
Tan sólo pensando en la efectividad de los tribunales federales para resolver asuntos penales bajo el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, ¿bastaría un análisis del número de sentencias que emiten respecto a la cantidad de causas penales ingresadas? O quizá también se debe tomar en cuenta el número de audiencias, la duración aproximada de las mismas, el estado que guardan las causas penales ingresadas, las principales formas de solución de conflictos y el porcentaje de causas penales judicializadas.
Aunque considero indispensable contar con estos datos tanto a nivel federal como estatal, el asunto es más complejo, ya que gran parte de la labor judicial se plasma en las sentencias que emiten. Un análisis cuantitativo respecto al número de sentencias comparado con el de asuntos ingresados deja de lado la importancia de la argumentación jurídica que se utiliza para generar una sentencia. No podemos dejar de lado que incluso con una sentencia de por medio podemos hablar de impunidad en un caso si la sanción determinada no corresponde con la gravedad de la conducta o si la argumentación utilizada replica prejuicios y promueve malas prácticas. Aunque parecería evidente que todas las sentencias deben ser públicas, desde el 2015 algunas entidades decidieron publicar sólo las sentencias que son de “interés público”. A pesar de esto, muchos de los estados ni siquiera las publican. Por ello es tan importante la labor del colectivo #LoJustoEsQueSepas, el cual logró el pasado 1º de noviembre que todas las sentencias emitidas por todo el Poder Judicial de la CDMX sean publicadas, ahora falta analizarlas.
Se pueden sugerir reformas extensas y complejas para mejorar el funcionamiento, la eficacia y el nivel de confianza que manifiestan las personas ante el Poder Judicial. Sin embargo, se puede empezar por algo sencillo: exigir que todas las sentencias que se dicten sean públicas.
Directora ejecutiva de Impunidad Cero
