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Esta semana tuve que reprimir varias veces un llanto acumulado en la garganta. Un llanto provocado por algunas noticias que dejan entrever una realidad brutal. El asesinato de Norberto Ronquillo, estudiante de Chihuahua. El asesinato de José Luis Álvarez activista en Tabasco. El asesinato de Norma Sarabia, periodista en Tabasco. El asesinato de Leonardo Avendaño, seminarista en Iztapalapa. Estas noticias acapararon la atención mediática, pero representan tan solo una minúscula cantidad de los delitos que acontecen día a día en México. Es innegable que vivimos una crisis de inseguridad y de impunidad en todo el país, pero de qué magnitud? No podemos saberlo con exactitud. Y no podemos saberlo porque no contamos con la información necesaria para determinar la cantidad de delitos que están ocurriendo. Y no contamos con esa información porque cuando somos víctimas de un delito lo que menos queremos es denunciarlo. Lo ideal es evitar que estos delitos ocurran, pero también se tiene que bajar la impunidad para estos delitos.
¿Qué genera la impunidad? La ineficiencia de las autoridades, la corrupción, la falta de recursos, el sistema penal acusatorio, las procuradurías y fiscalías, los operadores del sistema, los abogados litigantes, los jueces, los policías. Menciono esto no para enumerar una lista de culpables, sino para hacer un recuento de los elementos que suelen ser señalados como causantes de la impunidad. Sin embargo, de lo que casi no se habla es de la cantidad de delitos que no se denuncian, la llamada cifra negra y el impacto que esto genera en la impunidad. Y no se denuncia porque denunciar un delito en este país es un acto tortuoso que probablemente termine en una multiplicación del daño. A pesar de esto, si se quiere hacer algo para empezar a combatir la impunidad en el país se tienen que mejorar y agilizar los procesos de denuncia. Sin embargo, la autoridad no quiere hacerlo. Y no quieren hacerlo porque además de representar un aumento en su carga de trabajo, aumentar el número de denuncias puede interpretarse como un mal desempeño de su parte. Me explico.
Usualmente se equipara el número de delitos que acontecen en un lugar con las carpetas de investigación que se abrieron para ese delito. Esto se hace porque las carpetas de investigación son el registro oficial de los delitos que la autoridad conoce. O eso debería ser. Desgraciadamente como expliqué al inicio hay una enorme cantidad de delitos que no se denuncian y para los que no existe un registro oficial. Así como una enorme cantidad de delitos que se denuncian y para los que no se inicia una investigación. Además existe la probabilidad de que se abran varias carpetas de investigación para un mismo hecho delictivo o de que se incluyan distintas víctimas en una sola carpeta. Esta serie de problemáticas ayuda a entrever por qué no es correcto equiparar la cantidad de carpetas de investigación con la cantidad de delitos que ocurren.
A pesar de estos problemas, se suele equiparar la incidencia delictiva con las carpetas de investigación, generando con ello la excusa perfecta para que las autoridades no mejoren sus procesos de denuncia. Por qué mejorar estos procesos si ello traerá, además de una mayor carga de trabajo, una crítica respecto al alza en la incidencia delictiva en los estados. Mejor dejar las cosas como están y esperar que las personas no denuncien. Un paso para combatir la impunidad es aumentar el número de denuncias que se presentan, pero esto no pasará si las autoridades no mejoran sus procesos de denuncia. Aunque parezca un vano esfuerzo, mejorar el nivel de discusión en torno a la incidencia delictiva y el número de carpetas de investigación ayudará a quitar uno de los pretextos que las autoridades tienen para no mejorar sus procesos de denuncia.
Directora Ejecutiva de Impunidad Cero
