Las formas y los fondos importan mucho cuando se trata de dar declaraciones públicas respecto a una investigación criminal. Esta semana tanto el exfiscal Robert Mueller como el fiscal general Alejandro Gertz Manero dieron declaraciones públicas respecto a las investigaciones que les tocó dirigir. Aunque los temas de dichas investigaciones y los sistemas penales en que se desarrollaron son diferentes, me parece importante analizar la forma tan distinta en la que cada uno se expresó sobre el respeto al debido proceso y la ley.
Este miércoles, Robert Mueller dio un mensaje público, el único que pronunció, sobre la investigación especial a su cargo, para determinar si existió intervención rusa en las elecciones presidenciales del 2016. Su pronunciamiento al respecto fue escueto y moderado. Se convocó a una rueda de prensa y no se permitieron preguntas al final. Dicha investigación, que duró un año, tuvo como resultado un informe extenso en el que el exfiscal y su equipo determinaron que no había indicios suficientes para formular un cargo de conspiración. En su mensaje, al explicar por qué no determinaron que el presidente Trump cometió un delito, menciona que se guiaron exclusivamente por lo que dictan las leyes de su país. Debido a que en la Constitución de Estados Unidos se establece que un presidente en funciones no puede ser acusado de un delito federal, no pudieron hacer la acusación del delito de obstrucción de la justicia. Ya que, como él menciona, sería injusto hacer acusaciones contra alguien cuando no existe un tribunal ante el cual pueda defenderse. A su vez, Mueller es tajante al declarar que no puede mencionar a ninguno de los inculpados en las acusaciones de su investigación ya que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto no lo dice como un reproche, sino defendiendo el debido proceso que toda persona debería tener ante la ley.
El mismo día de estas declaraciones, el fiscal general de nuestro país, Alejandro Gertz Manero, dio varias entrevistas en medios respecto a la investigación en curso sobre la adquisición presuntamente ilícita de una empresa de fertilizantes en los que están involucrados Ancira Elizondo, Emilio Lozoya y una tercera persona aún no identificada. Dicha investigación lleva apenas tres meses y durante la misma ya ha habido una filtración importante sobre las órdenes de aprehensión. Filtración que dio como resultado la captura fallida de Lozoya. El fiscal Gertz Manero, al hablar públicamente sobre el caso, estableció en reiteradas ocasiones que no podía dar más información sobre la investigación porque el sistema de justicia penal en nuestro país tiene demasiados “requisitos en favor de los presuntos delincuentes, pero no de las víctimas”. Cuando se le cuestionó si iba hacer algo al respecto, declaró orondo que propondrá varias reformas para evitar tener leyes que sean puertas giratorias.
Aunque existen enormes diferencias en los dos casos, sí llama la atención el respeto absoluto que Mueller profiere a las leyes de su país y al debido proceso en su pronunciamiento. Por otro lado las declaraciones del fiscal Gertz Manero justifican las posibles fallas de sus operadores haciendo un reclamo injustificado a la ley. Si algo falla, según las declaraciones de nuestro fiscal, no es debido a las ineficiencias de los operadores del sistema de justicia penal, sino porque las leyes en nuestro país establecen que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aunque las leyes son perfectibles, ninguna reforma logrará aumentar el desempeño de nuestro sistema de justicia violando derechos. Respetar el debido proceso y la presunción de inocencia no es proteger criminales, es proteger el Estado de Derecho.
Directora Ejecutiva de Impunidad Cero
