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El Sistema Nacional Anticorrupción sigue incompleto. No han sido designados los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que serán los competentes para imponer sanciones a los servidores públicos por faltas graves, así como a los particulares que participen en actos vinculados. Se trata de un tema que tiene varias aristas; resulta necesario conocerlas para comprender su complejidad, pero en todo caso, la importancia de la existencia de estos magistrados es toral, sin ellos no pueden aplicarse sanciones por faltas graves.
El problema de las Salas. El TFJA es un órgano jurisdiccional con autonomía para dictar sus resoluciones. Revisa principalmente los actos administrativos que dictan las autoridades y que impugnan los particulares, pero también es parte del SNA. La Constitución establece que la Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en Secciones, de las cuales a una —la tercera sección— corresponderá la resolución de los procedimientos por responsabilidades a servidores públicos. Por otra parte, la Ley Orgánica del TFJA señala que el Tribunal contará con 5 salas especializadas en materia de responsabilidades, cada una tendrá competencia respecto de cierto territorio del país.
El problema es que las salas especializadas no se mencionan en la Constitución solo en la Ley, por lo que algunos cuestionan su constitucionalidad y con ello la posibilidad de que los procedimientos que estas salas lleven, sean impugnados. Adicionalmente, su costo sería aproximadamente de 250 millones de pesos anuales. A propósito de este tema, Olga Sánchez Cordero presentó el año pasado una iniciativa, cuando era senadora, para desaparecer las especializadas y quedarnos solo con 3 magistrados. ¿Podrían con todo el trabajo?
El problema del nombramiento. La Constitución establece que los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. En 2017, Peña Nieto envió una lista de 18 nombres al Senado para su ratificación (3 de la sección y 15 para las 5 salas). Sin embargo, nunca se ratificaron ni rechazaron. La Ley dispone también que, para dichas designaciones, el Presidente acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Senado. Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo.
El amparo del CPC. Como nada de lo anterior sucedió, es decir, no se acompañó la idoneidad de las propuestas y el Senado no avanzó en el proceso de designación, en el Comité de Participación Ciudadana del SNA interpusimos un amparo a fin de cubrir las omisiones en este importante proceso de nombramiento. Ganamos el juicio (expediente 311/2018) y el Tribunal ordenó al Senado concluir con el procedimiento a través de comparecencias públicas y transparentes para justificar su idoneidad.
La controversia del Julio Scherer. Ya se estaba alistando el Senado para desahogar las comparecencias de los candidatos, cuando la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal interpuso una controversia ante la Suprema Corte argumentando que el Poder Judicial invadía facultades del Presidente de la República a través de la sentencia de amparo que nos concedió el triunfo. Curiosa forma de actuar porque la lista de nombres para magistrados no la envió López Obrador, y bastaba con el rechazo de los senadores y el envío de una nueva lista. Sorprende la controversia interpuesta, porque se trata de un juicio de invasión de competencias y no hay tal, pero más sorprende el letargo en los nombramientos, considerando que la bandera de este sexenio es la lucha contra la corrupción, entonces, ¿por qué no armar al órgano juzgador de herramientas para avanzar? En todo caso, el asunto fue turnado a la ministra Norma Piña y la controversia ya fue rechazada por notoria improcedencia. La pregunta sigue en el aire, ¿cuándo terminarán de integrar el SNA y por qué no quieren avanzar con los nombramientos de magistrados?
Presidenta de Observatel, profesora de
la UIA, miembro del CPC del SNA. Este
artículo refleja su posición personal
