Más Información
Huachicol, compra de pipas, contratación de choferes, cierre de ductos, desabasto y muchas preguntas sin respuesta rondan al tema del combustible que el viernes coronó un infierno marcado por imágenes dantescas de gente cubierta en llamas. No hay nada más legítimo que luchar contra el delito, pero la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, no debe ser excusa para abandonar la exigencia de información, transparencia y rendición de cuentas; por el contrario, provoca más dudas. Lo cierto es que en esta batalla hay varios temas que parecen no encajar, hay muchas cosas que no se entienden:
1. Se cierran ductos para combatir el robo de combustible sin un “plan b” para el abasto alternativo, luego se abren y el saqueo se reinicia. ¿No era previsible que todo esto sucedería?2. Se anuncia la creación de una comisión para comprar, de forma urgente, 500 pipas para distribuir combustible y se anunció que esta compra forma parte del plan de distribución de gasolina para evitar desabasto en caso de una contingencia que obligara a suspender el flujo por los ductos. Si se trata de una adquisición para un plan futuro, ¿dónde está la urgencia? ¿por qué serán las Fuerzas Armadas y no Pemex las encargadas del uso de las pipas?
3. El Presidente informó la contratación de 2 mil conductores de pipas que ganarán 29 mil pesos mensuales. Si las pipas son solo para uso eventual, ¿para qué se contratarían dos mil conductores fijos?
4. La comisión para la compra de pipas está integrada por la secretarías de Economía, de la Función Pública y Hacienda. La adquisición se está llevando a cabo de manera directa, sin licitación. ¿Qué lo justifica? La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece tres formas de contratación: la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa. La regla es que se contrate vía licitación pública, lo que implica convocatoria, bases, así como asegurar al Estado Mexicano las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y otras características. La Ley también señala los casos de excepción, es decir, cuando se pueden adquirir bienes sin licitación, pero en ninguno de ellos parece encajar esta operación y, en todo caso, tampoco se han dado a conocer las razones jurídicas y el dictamen de procedencia de la contratación directa.
Cito, en lo conducente, el documento suscrito por Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, sobre cómo se combatirá la corrupción en este gobierno:
-Fomento de políticas de transparencia total para que cada peso público sea completamente vigilado a través de procesos de compras monitoreadas en tiempo real.
-Instituiremos la obligatoriedad de programas de testigos sociales y contralores ciudadanos en todas las compras públicas.
-Haremos obligatorios los ejercicios de licitación pública y concursos abiertos para todo tipo de adquisiciones.
- Las licitaciones públicas serán en línea y con control social para todo tipo de compra.
- Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social.
-La transparencia plena será nuestro instrumento principal para combatir la irresponsabilidad.
Entonces, ¿por qué las contrataciones directas como las pipas o la distribución de tarjetas del bienestar a Banco Azteca? ¿dónde está el acompañamiento social?
Por todo lo anterior, como ciudadana y miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, solicité por escrito al presidente López Obrador el viernes pasado, mi voluntad de integrarme de manera inmediata y en calidad de observadora, a la comisión creada para comprar pipas. Copia de la carta fue entregada a cada una de las integrantes de dicha comisión. Estoy en espera de la respuesta.
Comunicar e informar no es lo mismo, suscribo la preocupación que externó Daniel Moreno en su columna publicada ayer en Reforma “Derecho a saber”, dar conferencias diarias no es rendir cuentas. El presidente López Obrador heredó un cochinero, no hay duda, y está demostrando valentía, pero esto no justifica la falta de transparencia, datos, rendición de cuentas y cumplimiento de la ley. ¿O será que ya estamos en un estado de excepción de facto?
Presidenta de Observatel, profesora de
la Universidad Iberoamericana, miembro
del Comité de Participación Ciudadana
del SNA. Este artículo refleja
su posición personal @soyirenelevy
