¿Cuál es el criterio de asignación de recursos en materia de comunicación social del gobierno? ¿A qué medios elegir para difundir los mensajes? ¿Qué mensajes deben transmitirse, en dónde, con qué objetivo? ¿Por qué gastar millones de pesos para advertir a la población de la Ciudad de México sobre el virus del Zika cuando el mosquito que lo transmite no sobrevive la altitud de la ciudad? ¿Qué utilidad tienen para la población las diferentes campañas “informativas”?
No tenemos una ley que defina las características y parámetros que debe cubrir la propaganda gubernamental que se contrate, pero los legisladores están a punto de emitir la legislación que les ordenó la Suprema Corte como consecuencia del amparo interpuesto por la organización no gubernamental Artículo 19, contra la omisión del Congreso en la expedición de la ley reglamentaria del 134 constitucional que lleva años de espera.
La primera sala de la Corte votó a favor (excepto el ministro Pardo Rebolledo, que votó en contra) del proyecto del ministro Zaldívar, que consideró que “la falta de reglas claras y transparentes que establezcan los criterios con los cuales se asigna el gasto de comunicación social de las distintas instancias de gobierno —omisión atribuible al Congreso de la Unión— constituye un medio de restricción indirecta a la libertad de expresión”, pero el plazo que los ministros dieron al Congreso para legislar vence este 30 de abril y todo indica que la composición partidista de las cámaras, la mezquindad política y el momento electoral que vivimos no permitirán contar con una ley que cumpla con los criterios mencionados por la Corte y que ayuden a México a avanzar en el tema de libertad de expresión.
Sin transparencia, sin discusiones públicas y después de simular un foro plural convocado por correo electrónico en fin de semana de puente, el PRI y el Partido Verde están a punto de consumar un retroceso en materia de libertad de expresión en nuestro país. Mañana se reunirá la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para discutir y votar el proyecto de Ley General de Comunicación Social. El dictamen de esa comisión, que preside la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente del PRI, dice que toma en cuenta las 8 iniciativas presentadas por diversos partidos, pero no es así: la propuesta que se someterá a votación es una exacta réplica de la iniciativa del PRI, el Verde y Nueva Alianza que no cumple con los criterios considerados por la Corte; de aprobarse, se estarían institucionalizando las malas prácticas, tal y como ya lo han advertido Ricardo Raphael y César Astudillo en este mismo diario, y otras plumas más en este y otros medios, además del colectivo #medioslibres.
Ahí tiene usted, por ejemplo, la campaña “lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho” que lanzaron con motivo del cuarto informe de gobierno de Peña Nieto; no tiene fines informativos, ni educativos ni de orientación social. Tampoco cumple con los criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia a que obliga la Constitución. Es una campaña millonaria, pagada con recursos públicos que sólo sirve para destacar que no todo es malo en este gobierno a manera de propaganda personal y partidista; no entraña ningún beneficio a la población. Bien, pues de aprobarse el dictamen que pretende votarse mañana, bajo los criterios de la iniciativa del PRI y el Verde, esta y otras campañas similares podrían seguir pagándose sin ningún obstáculo. Es decir, todo el esfuerzo invertido habrá sido en vano e incluso peor; se habrá cumplido con el plazo que dio la Corte, pero el producto será la legalización de las prácticas de las que estamos huyendo; el freno a la libertad de expresión vía la censura sutil ahora estará a nivel legislación. ¿Y esto cómo cuenta? Yo creo que cuenta mucho.
Presidenta de Observatel, profesora de la
Universidad Iberoamericana, miembro
del Comité de Participación Ciudadana
del SNA. Este artículo refleja su posición
personal @soyirenelevy