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Gran revuelo y desinformación está causando la suspensión que resolvió el ministro de la Suprema Corte de Justicia Alberto Pérez Dayán, con motivo de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la minoría del Senado y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos (“Ley”). Me refiero a la ley que detalla que ningún funcionario público podrá ganar más que el presidente de la República.
-¿Suspensión ilegal? El ministro Pérez Dayán determinó suspender la norma a pesar de que la ley reglamentaria de las acciones de inconstitucionalidad establece que su admisión no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. Pero el ministro concedió y sustentó la suspensión, argumentando que la propia Constitución obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y que la aplicación de la Ley podría violentar irreversiblemente derechos humanos, y por tanto debe entenderse que cuando este sea el caso, sí es factible conceder la suspensión como medida cautelar y tutelar para prevenir el daño que se pueda causar a las partes y a la sociedad en general. Sin duda se trata de una interpretación novedosa que considera la máxima protección a los derechos fundamentales. La prohibición de la suspensión no está en la Constitución, sino en la ley secundaria, por lo que en mi opinión concederla, aunque puede ser discutible, no es ilegal.
-¿Cuánto ganarán los funcionarios en 2019? La suspensión NO tiene como consecuencia que los salarios de los funcionarios públicos no disminuyan. Las facultades de los diputados quedan intocadas, en el PEF 2019 podrán definir cuánto recibirá el presidente y fijar el resto de las remuneraciones, así lo establece el artículo 127 constitucional. Así que podrán disminuir y aumentar los salarios como tenían previsto.
-¿Qué pueden hacer vs. la suspensión de la Ley? Interponer el recurso de reclamación, así la Sala de la Corte podría mantener la suspensión o revocarla. Esto puede suceder en un par de meses, para entonces el PEF 2019 ya estará vigente.
-Amparos individuales vs. la disminución del salario. La suspensión de la Ley pudiera ser un criterio para que los jueces que conozcan de los (miles) de amparos que seguramente interpondrán ya los funcionarios en lo individual, otorguen la suspensión hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto.
En todo caso, creo que por su importancia jurídica y política, la SCJN debería darle un trato preferente a esta acción y resolver rápido.
EN LA SOBREMESA. Ya se aprobó en el Senado con 70 votos a favor y 47 en contra, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Pero el dictamen, que probablemente se apruebe mañana en Diputados, tiene desde errores de técnica legislativa, hasta barbaridades que podrían obstaculizar las grandes metas que nos hemos fijado en el país: paz, justicia y combatir eficazmente la corrupción y la impunidad. Muchas y muchos senadores y diputados, incluso de Morena, saben que no es un buen documento.
Expertos, como Marco Fernández de México Evalúa, han insistido en modificaciones indispensables para evitar barbaridades como la que contiene el artículo 34 que libera de responsabilidades a los integrantes de la Fiscalía, estableciendo que el Órgano Interno de Control estará impedido de intervenir o interferir en su desempeño; o el artículo 29, que limita al fiscal anticorrupción a perseguir ciertos delitos del Código Penal Federal sin incluir aquellos que por conexidad se hayan cometido como parte de las conductas bajo investigación (p. ej. lavado de dinero).
¿A dónde vamos? ¿La meta es bajar sueldos a funcionarios con un proyecto de ley que yacía en un cajón desde 2009, o entender que debemos entrar todos a un régimen más austero y transitar a ello dentro de la legalidad y sin descalificaciones? ¿Tener una Fiscalía General la próxima semana con una ley chafa, o una que funcione y evolucione correctamente? ¿El objetivo es revisar los proyectos corruptos y caros para corregir el rumbo, o manotear en la mesa para mostrar quién manda aunque el precio a pagar sea impagable? Quien anda de prisa, tropieza.
Presidenta de Observatel, profesora
de la Universidad Iberoamericana,
miembro del Comité de Participación
Ciudadana del SNA. Este artículo refleja
su posición personal @soyirenelevy
