Más Información
Sheinbaum supervisa avances de la Línea 4 del Tren Ligero en Guadalajara; “siempre será bienvenida a Jalisco”: Lemus
ONG obsequia implantes anticonceptivos a mujeres migrantes; buscan dar acceso a servicios de salud sexual
Vaya engrudo que se ha formado con el asunto de las declaraciones patrimoniales. Que si Olga Sánchez Cordero declaró el departamento en Houston, que si la Secretaría de la Función Pública excluyó la información de su declaración, etc. etc. El foco está ahí porque ahí lo apuntó el Presidente López Obrador, él fue el que prometió total apertura de sus funcionarios, incluso en aquellos rubros que se permiten mantener reservados.
Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, ha criticado el sistema Declaranet; en efecto, la plataforma y sus datos son mejorables, por eso la Ley General de Responsabilidades Administrativas obligó al Comité de Participación Ciudadana del SNA a proponer al Comité Coordinador los formatos de declaraciones patrimonial y de intereses y, como consecuencia, se publicaron en el Diario Oficial en noviembre para entrar en vigor a más tardar el 30 de abril de 2019. De igual manera, está en proceso de implementación la Plataforma Digital Nacional conformada, entre otros sistemas electrónicos, por el de evolución patrimonial y de declaración de intereses.
El 5 de febrero tuvo lugar la primera sesión del año del Comité Coordinador del SNA, al que asistieron el Auditor Superior de la Federación, la SFP, el INAI, el Poder Judicial, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el CPC (https://goo.gl/pNzk3M). Preocupante lo que sucedió porque Sandoval cuestionó prácticamente todo el trabajo realizado por el Sistema:
1. Descalificó los formatos, dijo que tienen errores, incongruencias y omisiones y que hay que modificarlos.
2. Sobre el análisis para la operación de la Plataforma Digital Nacional publicado en octubre de 2018 en el Diario Oficial, mencionó que la SFP estaba realizando observaciones sobre lo ya aprobado.
3. Del proyecto de Política Nacional Anticorrupción, mencionó que esperaba que dicho documento “se alinee con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del nuevo gobierno”, a pesar de que la Ley General del SNA dispone que las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador deberán ser implementadas por todos los entes públicos, incluyendo al Poder Ejecutivo.
Claro que son mejorables los formatos, en realidad todo es mejorable, y qué bueno que quieran aportar, pero hay leyes, hay camino andado, hay trabajo realizado, hay instituciones y debe haber respeto. Forma es fondo, el mensaje que mandó la secretaria en la sesión fue “no acataremos lo que ya se hizo, hay que volverlo a hacer y se hará a nuestra manera”… y todos ahí callaron.
Por si fuera poco, la secretaria declaró, en entrevista con Risco en El Financiero TV el 13 de febrero, que los formatos —aprobados y publicados— constituyen “una propuesta irresponsable e insostenible”. Así.
Mientras, seguimos sin conocer la documentación de la compra de las pipas, sin saber qué sustentará la no licitación de Dos Bocas. Nuestro nuevo gobierno ha prometido apertura y transparencia total, pero no la hay y la crítica les molesta y la observación les estorba. El SNA está bajo fuego del nuevo gobierno al igual que otras instituciones, y no hay peor ciego que el que no quiere ver.
EN LA SOBREMESA. Carmen Aristegui se anotará seguramente un triunfo este miércoles en la Suprema Corte. Se trata del juicio que inició Joaquín Vargas en su contra por el supuesto daño moral causado por el prólogo escrito por Carmen en el libro La Casa Blanca de Peña Nieto de Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán (Grijalbo, 2015).
Vargas había ganado este juicio en todas las instancias, pero en un amparo directo en revisión, José Mario Pardo Rebolledo, ministro ponente, propone revocar la sentencia que había negado el amparo a Carmen y devolver el expediente al Colegiado para que emita una nueva resolución, tomando en cuenta que Aristegui manifestó opiniones y no información, y como tal están protegidas, y que Joaquín Vargas debe ser considerado persona privada con proyección pública, y por tanto debe tolerar un mayor grado de intromisión en su derecho al honor al que están sujetas el resto de las personas privadas (https://goo.gl/bf7Ljp). Seguramente habrá apoyo al proyecto del ministro Pardo y votarán a favor de Aristegui, esperemos que así sea. ¡Felicidades, Carmen!
Presidenta de Observatel, profesora de
la Universidad Iberoamericana, miembro
del Comité de Participación Ciudadana
del SNA. Este artículo refleja
su posición personal @soyirenelevy