Prácticamente nada en el sistema jurídico, político y social que existe en México, está preparado para funcionar, como se diseñó, con un gobierno como el del presidente López Obrador. Así que había dos opciones: o AMLO se adaptaba al sistema o el sistema sería modificado. Era obvio que pasaría lo segundo.
De la hipócrita descentralización administrativa de Peña Nieto, en la que algunos de los órganos autónomos, por ejemplo, en realidad estuvieron controlados desde su Consejería Jurídica, estamos pasando a una franca y abierta centralización. Los nombramientos de la CRE son un ejemplo de cómo el sistema formal existente —bueno o malo—, no acomoda al nuevo régimen; el andamiaje jurídico de muchas de las instituciones no está blindado, así fue como se pudieron proponer a los mismos candidatos en los dos “diferentes” grupos de ternas que envió el presidente López Obrador al Senado. En otros casos, la elusión de la ley es más abierta, como en las diferentes adquisiciones que se han realizado sin licitación, y cuyo fundamento se ha basado en argumentos metajurídicos y políticos.
El Sistema Nacional Anticorrupción también está en el ojo del huracán, pertenece a las instituciones creadas por los conservadores, con el ingrediente adicional de que la sociedad civil “fifí” tuvo una participación muy activa en su nacimiento y conformación. Las declaraciones de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, desde el inicio de su gestión, en el sentido de que hay que “verdaderamente ciudadanizar el Sistema” o bien que los formatos de declaraciones patrimonial y de intereses aprobados por el Comité Coordinador, no sirven, bastan para darnos cuenta hacia dónde se dirigen. Por si fuera poco, semanas después, desde la misma SFP se impulsó y logró el diferimiento de la entrada en vigor de los formatos de abril a diciembre de 2019.
El SNA no ha terminado de integrarse y ya existen voces poderosas, como la del senador Ricardo Monreal, en el sentido de eliminar las cinco salas regionales anticorrupción y dejar solo a los tres magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Adicionalmente, propone crear una nueva sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 5 nuevos ministros, con lo que, el máximo tribunal se convertiría en un revisor de legalidad más que de constitucionalidad, ¿quién conocería de los amparos contra sus sentencias? Si bien esta iniciativa por el momento no prosperará, la inanición política a la que están sujetos los legisladores de la oposición, pudiera determinar la migración de los senadores faltantes a las filas de Morena para lograr así la mayoría calificada que se requiere para aprobarla.
Pronto vendrá la discusión de la Política Nacional Anticorrupción. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción faculta al Comité Coordinador a aprobarla y diseñarla y es obligatoria para todos los entes públicos, incluido el Poder Ejecutivo. Este tema, junto con el nombramiento de los magistrados anticorrupción, serán definitorios para el Sistema en el que la nueva fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos, podría jugar un papel medular en su supervivencia.
Lo que estamos presenciando es la destrucción de un sistema que no funcionó en términos macros, pero que tiene varios elementos rescatables. Lo que no queda claro es qué nuevas instituciones lo sustituirán, tal parece que se trata únicamente de centralizar piramidalmente todas las decisiones, las compras, los nombramientos, los programas y los números, de sustituir la legalidad por la moralidad.
Ahora más que nunca es indispensable detenerse y definir el nuevo lenguaje, el nuevo código con el que cada quién habrá de participar. Insistir, como la sociedad civil, en el mismo discurso y las mismas formas, es una autocondena que suma a la destrucción. Ante la aplanadora que representa la enorme aceptación del Presidente, hay actores, como empresarios y algunos medios, que aún no definen sus rumbos y observan, más perplejos que cautos, la “transformación”, pero los contrapesos apremian, se requieren nuevos razonamientos, nuevos frentes y nuevas propuestas. El maniqueismo instaurado desde las conferencias mañaneras, que dividen entre conservadores y liberales, amigos y adversarios o “fifís” y pueblo bueno, se ve nutrido por lo que antes contrapunteaba eficazmente los discursos y las políticas. Ya no funciona lo mismo porque el sistema está en proceso de destrucción.
Presidenta de Observatel, profesora
de la UIA, miembro del Comité de
Participación Ciudadana del SNA.
Este artículo refleja su posición personal
@soyirenelevy