La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el dictamen que reforma y adiciona 9 artículos de la Constitución Política en materia de consulta popular y revocación de mandato. La consulta exige un umbral de participación ciudadana de 25% y la revocación de mandato comprende los cargos de elección popular, federal y locales. Desde el Presidente de la República hasta presidentes municipales, pasando por diputados, senadores, gobernadores y la jefa de gobierno.
La revocación puede ser solicitada por el 2% de los electores y la consulta por el 1%, en ambos casos, el Congreso convocará ambos procedimientos siempre y cuando cuente con el 33% de los integrantes de las Cámaras. También se prevé que el propio Presidente de la República solicite la convocatoria al Congreso. ¿Qué implica esto? Es un ejercicio de democracia directa o participativa muy al estilo del Ejecutivo, el cual ya ha organizado consultas populares con mínimos de votación y sin ningún control. Esta forma de ejercicio del poder es frontalmente destructiva de la representación encarnada en los (deprimidos y deprimentes) partidos políticos y en los representantes populares, ya que los hace a un lado para decidir y minimiza de hecho y de derecho la participación institucional del sistema de partidos.
Es una manzana envenenada cubierta de azúcar (morena) para acabar con la poca representación de que ahora disponen los partidos políticos opositores. Es incluso un arma aparentemente democrática y popular pero peligrosa que podría romper incluso el pacto federal constitucional y fortalecer al de por sí muy concentrado poder del presidente.
El sistema de consulta así planteado, crea una relación central y directa entre electores y Ejecutivo, desplazando estructuras constitucionales. Y si el lector se interesara en el tema podría descubrir que este sistema revocatorio y consultivo existe en países de América Latina como Bolivia, Cuba, Venezuela y Ecuador entre otros, que no se distinguen por su democracia sino por la permanencia indefinida de sus dirigentes, caudillos o dictadores en el poder.
La revocación planteada para realizarse a mitad del sexenio contiene un claro propósito político: jugar con dados cargados desde la hegemonía presidencial. En los últimos 60 años el poder presidencial ha sido siempre más fuerte y contundente que en los tres primeros años de cada ejercicio, incluso ha provocado que el grupo cercano a cada presidente en turno trate de convencerlo de reformar la Constitución para posibilitar su reelección. Para cumplir con la Constitución no se requiere la reiteración de ser un demócrata ni de firmar documento alguno. La mejor publicidad en favor de la ley y del derecho es cumplir con la Constitución y el marco normativo en vigor.
Llama la atención que días antes, mediante una circular se haya cambiado en la papelería oficial del Ejecutivo, el lema maderista de “Sufragio efectivo, no reelección” que desde 1917 se imprimió siempre en la documentación oficial y que ha tenido continuidad, con la excepción de Álvaro Obregón, cuyo fin ya conocemos. De ese hecho, inevitablemente cargado de significado político, surgió la desconfianza de amplios sectores, incluyendo el empresarial claramente opuesto a la revocación de mandato en tanto que preludio del camino hacia la reelección.
La Revocación, más que instrumento caprichoso para medir la popularidad de un gobernante, podría ser, en todo caso, un medio que funcione como válvula de seguridad para evitar los estallidos de violencia popular que podría provocar un mal gobierno. Sin embargo existe en el orden jurídico mexicano el juicio político y se ha hablado también de eliminar el fuero para facilitar que las violaciones que los funcionarios cometan tengan posibilidad de ser enjuiciadas, incluso penalmente, de tal manera que parecería inútil incorporar la revocación a nuestra Constitución.
La reforma sobre la revocación ya fue aprobada por los diputados, pero los senadores podrían todavía tener en cuenta que la Revocación de Mandato no debe implementarse a capricho del presidente porque acabaría siendo la principal arma de la reelección, ni de los diputados y senadores porque podría convertirse el día de mañana en una confrontación entre los partidos y el presidente, o al revés, entre éstos y los gobernadores y presidentes municipales, víctimas en tal caso de los juegos del poder. La revocación debió ser solicitada por un porcentaje mucho mayor de ciudadanos y no sólo por el 2% y sólo ser aplicable ante violaciones a la Constitución o por la comisión de ilícitos o actos contrarios al interés nacional.
La reforma revocatoria podría acabar siendo lo contrario de lo que se propone. Así como está redactada actualmente, es un instrumento más del poder del Ejecutivo o de los partidos. En un afán de dar ejemplo de democracia, el Ejecutivo Federal y los gobernadores en la elección intermedia podrían poner su cargo a disposición de los electores, sin declaración de revocación de mandato. Si el partido en el poder no obtiene la mayoría de los votos, la derrota provocaría la renuncia del Ejecutivo inmediatamente y sin necesidad de manejar un procedimiento que hasta ahora no ha funcionado en ningún país de América Latina. Es decir, si en verdad el suelo está parejo ¿a qué viene tanto brinco?