México es un país de muchos retos, por ello requiere de resultados concretos para romper barreras sexenales como la corrupción, el uso clientelar de la política social, y sobre todo, escuchar las necesidades reales de la población en la integración de las nuevas políticas públicas. En lo que respecta al derecho al trabajo, el primer déficit es la falta de participación plural de la sociedad en el diseño, implementación y evaluación de la política sectorial, cuando debe ser una condición necesaria para revisar los objetivos e instrumentos de dicha política, con el propósito de ir cerrando las brechas de desigualdad y asegurar el acceso a un empleo digno. (Coneval, 2018).
Si bien es cierto que la población mexicana pudiera desconocer el derecho al trabajo digno en la letra, sí tiene una opinión muy acertada de lo que sucede en la realidad al pronunciarse en cuestiones como: tener un trabajo bien remunerado y ser tomado en cuenta para la toma de decisiones (CESOP, 2014). Por ejemplo, ocho de cada 10 mexicanos percibe que tener un trabajo bien remunerado nunca o casi nunca se cumple. Una opinión similar tiene siete de cada 10 mexicanos sobre ser escuchados por las autoridades o el acceso a la seguridad social.
De acuerdo con el Estudio Diagnostico del Derecho al Trabajo 2018 del Coneval, México tiene varios pendientes que atender en materia de empleo, que tienen que ver con su acceso, calidad y disponibilidad.
En cuanto a medios de acceso, toca mejorar la capacidad y alcance de los servicios de intermediación laboral, ya que los servicios de vinculación, orientación e información son muy limitados y con el tiempo ha tendido a disminuir. Esto es debido a que los recursos mayormente utilizados por los solicitantes son medios informales como redes sociales, contactos personales o la visita directa a los lugares de empleo, teniendo la desventaja de reproducir las desigualdades iniciales, especialmente cuando los solicitantes se desenvuelven en medios precarios. Para muestra, en 2016 se recibieron 2 millones de solicitudes de vinculación laboral, a través del Servicio Nacional del Empleo, de las cuales sólo lograron insertarse laboralmente 477 mil personas, ocho de cada diez solicitantes no lograron colocarse.
Algo similar sucede con los empleadores, ya que los latinoamericanos recurren muy poco a los servicios públicos de empleo para su labor de reclutamiento. Entonces, será importante fortalecer la intermediación, información, orientación, vinculación y otros servicios de apoyo, para aumentar la probabilidad de encontrar trabajos de mejor calidad, con mejores ingresos y formales (OIT, 2016).
Por otro lado en lo referente a la calidad del empleo, es muy común que el “bajo desempleo” encubra situaciones de precariedad laboral por falta de seguridad social, incertidumbre en la corta duración del empleo, bajos ingresos y la carencia de prestaciones, donde los jóvenes se encuentran sobrerrepresentados en más del doble que el resto de los grupos de edad, por lo que tienen que focalizarse los esfuerzos de política pública para favorecer su incursión laboral. Aunado a que la calidad del empleo también se ve mermada por otros factores como el impacto del outsourcing irregular, ya que el gobierno mexicano deja de recaudar alrededor del 90 por ciento por impuestos, IMSS e Infonavit. En 2015, el porcentaje de los trabajadores con contrato que tuvo acceso a prestaciones disminuyó de 66.9 por ciento a 63.4 por ciento, confirmando la tendencia al aumento de la precariedad laboral registrada.
Y finalmente deben buscarse mecanismos para mejorar la disponibilidad del empleo, considerando la heterogeneidad de regiones, así como los grupos en situación de desventaja. Está demostrado que el costo que se debe invertir en tiempo para llegar a un lugar de trabajo puede ser un factor que dificulte el acceso al empleo, en 2015, el porcentaje de los ocupados que destinaron más de media hora para trasladarse al lugar de trabajo era de 55.1 por ciento en el caso del transporte público y 27 .1 por ciento en caso del transporte privado. También es importante cerrar las brechas en el acceso a empleos de calidad en los grupos en situación de desventaja, como en el caso de las mujeres, cuya principal brecha está en la tasa de participación en el mercado laboral, siendo la mitad que la de los hombres.
Por estas razones, será fundamental que el próximo gobierno federal promueva una nueva gobernabilidad, y eso implica tomar en cuenta lo que está demandando la población (inputs) y lo que será su capacidad de respuesta (outputs).
Diputado federal y propuesto como
subsecretario del empleo de la STPS
para el gobierno federal 2018-2024