Corrupción y abandono son dos ingredientes que al mezclarse propiciaron la extensión del huachicoleo desde por lo menos hace dos sexenios, uno de los negocios ilícitos más jugosos que representa pérdidas de aproximadamente 66 mil millones de pesos, pérdidas humanas y una base social importante en entidades como Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México.
En ese sentido el gobierno de México ha delineado una estrategia de combate que consiste en: implementar estrategias de vigilancia, aumento de la capacidad de transportación de combustibles, aplicación de la ley y, como solución de fondo, un plan de bienestar social que atiende las entidades donde predomina esta práctica.
Una vez más, el sello particular del ejecutivo es una apuesta de actuación que no sólo recae en medidas coercitivas, sino en una estrategia social de fondo. En palabras del presidente, un “80 por ciento del combate se centra en ofrecer condiciones de bienestar a la población y un 20 por ciento en la actuación judicial”. Estrategia que se explica a la luz de la tragedia ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, con una buena parte de pobladores muertos y heridos, pero huachicoleros de alto rango que se albergan en la impunidad desde hace 40 años y deben combatirse.
Su aplicación es mediante un programa de desarrollo para 91 municipios por donde pasan los ductos de Pemex, asegurando que ningún mexicano tenga la necesidad de dedicarse al robo de hidrocarburos. Buscando beneficiar a un millón 688 mil personas con programas sociales como pensión de adultos mayores, personas con discapacidad, apoyos a pequeños productores agrícolas, tandas para el bienestar, becas para estudiantes y becas de capacitación para el empleo con el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.
El objetivo esperado a largo plazo es que mejoren considerablemente los estados financieros de Pemex durante el sexenio y, sobre todo, poder conjurar esta actividad ilícita que recluta personas al por mayor.
Desde hace tiempo Andrés Manuel López Obrador ya había delineado la agenda gubernamental a seguir cuando ganase la presidencia, razón por la cual los mexicanos están cerrando filas detrás del presidente. Cerca de un 90 por ciento de ciudadanos a nivel nacional ha mostrado su respaldo a las acciones emprendidas por el presidente de México para combatir el huachicoleo. Más del 60 por ciento considera que las medidas aplicadas por el gobierno federal son las correctas y que la población debe confiar y tener paciencia en las medidas adoptadas.
Hoy los mexicanos tienen muy claras las medidas de actuación del gobierno federal: Para combatir la ordeña, debe detenerse el saqueo y la corrupción; para erradicarla deben eliminarse las excusas para el huachicoleo, garantizando el derecho al trabajo y el derecho a un ingreso suficiente.
Subsecretario de Empleo y Productividad
Laboral de la STPS