La sabiduría popular dice que para dar con la cura del mal, hay que empezar por reconocer el padecimiento. En mi paso como representante de partido ante el Consejo General de INE, atestigüé infinidad de casos en los que la autonomía del máximo órgano electoral quedó vulnerada. Quienes fuimos partidos de oposición venimos de una lucha contra corriente, contra bloques de consejeros “ciudadanos” que representaban a partidos y al Ejecutivo. Pese a que en las urnas la voluntad de la mayoría era una y era expresa, la palabra fraude se convirtió en el cotidiano de los procesos electorales. La duda era legítima, venimos de un proceso parcial de captura.
La elección presidencial de 2018 irrumpió de la mejor manera a través del voto de una mayoría arrasadora, que dio para tener al primer gobierno de izquierda en México y lógicamente un cambio de régimen político, cuyos objetivos exigen la revisión y cambio de lo que se hizo mal en el pasado. Hoy estamos en una dinámica muy diferente, los tiempos indican la necesaria renovación de los organismos constitucionales autónomos, de aquellos encargados de vigilar los procesos electorales, los tendientes a cuidar la sana competencia económica, los pro derechos y los especializados.
Y esto es porque, un gobierno fuerte necesita reguladores fuertes, pero no son los que se posee actualmente. Esto lo tiene muy claro el Presidente, la línea es hacer que los órganos autónomos sí funcionen y lo hagan en favor de los ciudadanos. Reconstruir el poder ciudadano no tiene ni pizca de autoritarismo. Si estos organismos tienen autocontroles, es garantía de que el Estado los tendrá.
De manera que revisar críticamente la efectividad de los órganos autónomos significa al final del día poder preservarlos, ya que los problemas en su interior son heterogéneos, que van desde su estructura, métodos de asignación de sus integrantes, su composición y regulación en la ley, cada órgano en su contexto debe discutirse.
Sin embargo, considero, hay dos funciones particulares en las que debe acentuarse la mejora: hacer que cuenten verdaderamente con autonomía financiera como funcional, y que atiendan dichas instituciones funciones primarias del Estado en beneficio de la sociedad.
Es necesario hacer cambios para lograr su eficiencia administrativa, ya que una constante son los grandes casos de corrupción por altos funcionarios de órganos como el Inegi, INE, el Banco de México, el IFT y la Cofece. Pero es justamente cuando se toca el tema financiero, cuando se pretexta su imparcialidad. Eso es inaceptable, las medidas administrativas legales no deberían estar peleadas con el ejercicio de sus funciones. Pero eso existe, para muestra los recursos presentados en su momento ante la SCJN por todos los organismos autónomos contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Por eso apunto, una defensa robusta de las autonomías comienza por ser críticos con lo que tenemos, para hacer posible su mejora. ¿Quién dijo que estamos condenados a tener órganos “autónomos” del tamaño actual?
Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la STPS para el gobierno federal 2018-2024.
Twitter: @horacioduarteo