La transformación de México fue una promesa de campaña por la que votaron más de 30 millones de mexicanos y deberá ser cumplida.
Estamos a un par de semanas para que Andrés Manuel López Obrador asuma el poder del ejecutivo federal y con ello una nueva gobernabilidad, esto implica cambiar la concepción tradicional de los aspectos económico y político, pero también pasa por lo social y cultural.
El gobierno que se avecina rompe con el esquema tradicional porque sus objetivos son de transformación, si en el pasado grupos de poder asumieron el papel del ejecutivo como el CEO (administrador) de una empresa redituable llamada corrupción, este año millones de mexicanos le apostaron a un presidente .
Nuestra democracia endeble no había experimentado las facultades de un gobierno en serio, porque estaba sujeto al poder de unos cuantos. Pero hoy se presenta la oportunidad de cambiar la economía política de la corrupción por el principio de la austeridad republicana , en fondo y en forma. Frente a esto, conforme van pasando los días, va arreciando la crítica hacia esta nueva concepción de gobierno, como una lógica resistencia de los promotores de un régimen de privilegios que no quiere terminarse, lo mismo en marchas contra la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que en especulaciones económicas tras la consulta popular, o la desconfianza desmedida en las políticas futuras del presidente López Obrador.
Lo cierto es que, con la política de austeridad del próximo sexenio, por primera vez, se estará priorizando la erradicación y combate de la corrupción desde raíz y no post mortem , al instaurar el servicio público por vocación y no como negocio, dejando claro que los resultados de la administración pública federal no están sujetos a tener altos salarios y lujos excesivos.
Además de que la austeridad gubernamental es vista como una fuente de ingresos importante para instrumentar las políticas del próximo gobierno.
Hace días, dimos un paso importante desde la Cámara de Diputados con la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, comprobando que existe voluntad política de parte del legislativo para colaborar en este sentido. Dejando atrás los tiempos en que se legislaba mal y a la carrera para hacer negocios a costa del patrimonio del pueblo.
Pero incluso más allá del ahorro gubernamental previsto, esto exigirá una correcta aplicación de los recursos públicos en los programas sociales necesarios y transparencia absoluta en el gasto público. Con la política de austeridad, el ejecutivo federal está mandando la disposición expresa hacia quienes serán los próximos funcionarios del gobierno federal y miembros del gabinete, a que asuman que la corrupción de ninguna manera funcionará como instrumento de una aparente gobernabilidad. Anteriormente, el CEO se vio obligado a omitir casos de corrupción como la Casa Blanca, HIGA y la Estafa Maestra por servir a intereses particulares y hubo muchos responsables sin castigo, pero ahora el ejecutivo está empeñando su palabra en dar respuesta a las verdaderas necesidades del pueblo mexicano.
En síntesis, el combate frontal a la corrupción será la fuente de legitimidad democrática del próximo sexenio y la que lo mantendrá viable , por lo tanto las instancias de control de la corrupción contarán con el respaldo político suficiente, que incluye no sólo a los tres poderes, sino a la sociedad civil y al sector privado.
En el pasado reciente, México pudo tener muchos CEOS, pero ahora sí tendrá un Presidente de la República.
Diputado federal y propuesto como subsecretario del empleo de la STPS para el gobierno federal 2018-2024.