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A pesar del legítimo propósito de ayudar a los afectados por los sismos del año pasado, los dirigentes de Morena se equivocaron al crear un fideicomiso que no siguió el marco legal, no se ajustó a los esquemas de financiamiento establecidos por ley, y creó un instrumento opaco, confuso en su funcionamiento, e incluso en la narrativa a través de la cual se presentó públicamente.
En un primer momento, “Por los demás” estaba llamado a ser un fideicomiso público, a través del cual se pretendía canalizar un porcentaje de las prerrogativas partidarias a los damnificados. Al verse impedido por la ley y el INE, la iniciativa derivó finalmente en un fideicomiso formalmente privado, integrado por cuadros y dirigentes partidistas. Al final se descuidaron a tal punto las formas, que el instrumento ha terminado por parecer un fideicomiso del partido. El tribunal tendrá que resolver esta confusión.
Es lógico que un enredo administrativo de esa naturaleza genere suspicacias. Morena debería hacer una autocrítica —pública o no—, aprender la lección y evitar que situaciones como estas se repitan una vez que asuma el poder. El partido no puede hacer cosas que aparentemente están bien, pero se ven mal; debe actuar con la misma transparencia que exige a sus adversarios y asumir plenamente que la ley y los procedimientos legales —por quisquillosos o inútiles que puedan ser o parecer— deben seguirse al pie de la letra.
Ahora, es importante poner el caso en su justa dimensión: la multa impuesta por el INE corresponde a una falta administrativa, no a un acto de corrupción. No se evidenció compra de voto ni mucho menos que los recursos recaudados hayan sido utilizados para la campaña, como se ha insinuado de mala fe. El INE sancionó un mecanismo irregular de financiación. Tenía que hacerlo —como explicó a este articulista uno de sus consejeros— para evitar sentar un mal precedente que permita a los partidos políticos “recaudar como sea y destinar dinero a lo que sea”. En suma, se trataba de poner orden.
Al dirimir el asunto activamente en los medios, sin embargo, el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama, ha cometido imprecisiones que han enrarecido el debate. Al referirse con cierto sensacionalismo mediático a la existencia de una “trama de financiamiento paralelo a favor de Morena” y aludir a la creación de una “acción concatenada, orquestada y coordinada” (cual si se tratara de una asociación delictuosa), hizo insinuaciones que distorsionaron los términos de la discusión con elementos ajenos a los alcances de la propia investigación. Al final, el consejero presidente tuvo que salir a aclarar las cosas.
Igualmente equivocadas han sido las comparaciones con el Pemexgate y Amigos de Fox. En el primer caso porque lo que se gestó fue una operación para desviar dinero público. En el segundo, porque se generó un esquema de recaudación de recursos de procedencia ilícita —esta sí, una verdadera “trama”— para promover la imagen de Fox y financiar su campaña.
Dudo francamente que el partido necesitara un esquema alterno de recaudación. Morena tenía un tope de 429 millones de pesos y, según lo reportado al INE, tan solo gastó en tres meses de campaña 156 millones. Si se tratara de canalizar aportaciones indebidas, bien podrían haberlas recibido en efectivo, guardarlas en cajas de cereal, debajo del colchón de Laura Esquivel o en el baño de Yeidckol Polevnsky. ¿Para qué molestarse en depositar el dinero en una cuenta bancaria que tarde o temprano sería fiscalizada?
Dicen sus detractores que la respuesta de López Obrador a la resolución del INE fue inapropiada. Ciertamente, podría haber tenido una reacción distinta. Sin embargo, quizás era necesario una reacción contundente para detener el intento de la comentocracia mayoritaria de utilizar la coyuntura para restar legitimidad a una victoria contundente, que los tiene apabullados, y caracterizar tramposamente lo acontecido como “el primer escándalo de corrupción del futuro gobierno”.
Investigador del Instituto Mora.
@HernanGomezB
