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Es de lamentar que el Proyecto Alternativo de Nación de López Obrador no incluyera un compromiso con el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar . Pero nunca es tarde para rectificar.
En México aproximadamente 2.3 millones de personas llevan a cabo actividades en el hogar de forma remunerada. Este sector, conformado abrumadoramente por mujeres a quienes despectivamente nos hemos acostumbrado a llamar “ muchachas ”, es casi tan numeroso como la población de Tabasco --2.3 millones de personas-- y vive en un régimen cuasi feudal de exclusión y discriminación .
Un reciente fallo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional que los patrones no estén obligados a inscribir a las empleadas domésticas ante el IMSS. La Corte determinó que no existe alguna razón constitucionalmente válida por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social.
El fallo ordena al IMSS a implementar a la brevedad un “ programa piloto ” que tenga como fin diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para estas trabajadoras. Además, en un plazo no mayor a 18 meses el instituto deberá proponer al Congreso una serie de adecuaciones legales necesarias para la incorporación formal del nuevo sistema especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar y antes de tres años estar en condiciones de brindarle una seguridad social “efectiva, robusta y suficiente a la totalidad de las empleadas domésticas en el país ”.
Es de celebrarse el entusiasmo con el que recibió este fallo el director del IMSS , Germán Martínez , y la forma en que se comprometió a acatar este histórico fallo. Su actitud claramente contrasta con la postura del gobierno de Enrique Peña Nieto que se comprometió en innumerables foros a resolver el tema para luego simplemente darle largas al asunto.
Aun así, la extrema precariedad en que viven las trabajadoras del hogar en México requiere de un programa más ambicioso y una ruta de largo plazo para superar un enorme rezago histórico.
En México nueve de cada diez personas que llevan a cabo tareas remuneradas en el hogar no cuentan con un contrato que les reconozca derechos mínimos, más de un tercio percibe un sueldo inferior a un salario mínimo y la mitad no recibe aguinaldo. El primer gobierno de izquierda en México no puede aceptar esto como si fuese algo normal.
Gran parte de los empleadores no valoran siquiera el trabajo que hacen las trabajadoras del hogar. Todavía es común encontrar patrones que tramposamente las consideran “como de la familia” y creen que están haciendo un favor al “darles un trabajo”, aunque sea mal pagado y sin prestaciones sociales. Incluso varias familias que se consideran “progresistas” dan a estas trabajadoras un trato que se asemeja a una forma moderna de esclavitud.
Por años la legislación laboral ha discriminado abiertamente a este sector. La ley Federal del Trabajo , por ejemplo, establece implícitamente una jornada laboral de 12 horas (cuando para cualquier trabajador es de ocho); permite que la habitación y la alimentación sean consideradas como parte de su pago; autoriza al empleador a terminar la relación laboral en cualquier momento, sin necesidad de comprobar una causa y, en el colmo del anacronismo, obliga a las trabajadoras del hogar a guardar “consideración y respeto” hacia el patrón y su familia, pero no lo hace de forma inversa.
Toda esa legislación discriminatoria debe cambiar, y al mismo tiempo promover un cambio cultural orientado a reconocer y hacer valer los derechos de las trabajadoras del hogar.
¿Y qué tal si los propios secretarios del nuevo gobierno predicasen con el ejemplo? Sería fabuloso que, al culminar el proceso que llevará a la incorporación del nuevo sistema especial de seguridad social que mandata la Corte , el propio director del IMSS, junto a la nueva secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde , firmasen públicamente un contrato con quienes lleva a cabo las labores domésticas en sus propias casas, comprometiéndose así a reconocerles todos y cada uno de sus derechos. Lo mismo podrían hacer otros funcionarios del nuevo gobierno que muy posiblemente tendrán trabajando en sus hogares a mujeres a quienes no se les están reconociendo plenamente sus derechos laborales.
Algo así contribuiría enormemente a romper con la idea de que lo que sucede dentro de los hogares no es un asunto público, y ayudaría a que todos los mexicanos empecemos a ver a las trabajadoras del hogar como sujetos con plenos derechos.
Investigador del Instituto Mora
@HernanGomezB
