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Desde su creación, la Secretaría de Desarrollo Social ha estado casi siempre encabezada por operadores políticos, cuadros partidistas con aspiraciones presidenciales o tecnócratas con una sensibilidad social limitada. Al conformar su gabinete –que sería el primero paritario en la historia de México–, López Obrador optó por un perfil disruptivo por inusual: una mujer chiapaneca nacida en Ocosingo, proveniente de una familia de productores rurales y fuertemente ligada al cooperativismo.
La elección de María Luisa Albores, además de representar un cambio en la élite política tradicional, representa un signo inequívoco del nuevo paradigma que habría de regir la política de desarrollo social del próximo gobierno: uno que busca rescatar el potencial productivo de las comunidades marginadas y trascender el enfoque asistencial que no ha logrado reducir la pobreza en el país y ha hecho de los pobres sujetos pasivos y víctimas del control político.
Durante 17 años Albores ha asesorado a la Unión de Cooperativas Tosepan, una organización indígena y campesina en la sierra nororiental de Puebla que hoy integra a más de 36 mil socios en 430 comunidades. Allí, la organización comunitaria ha permitido crear una financiadora propia, producir bienes con valor agregado, ofrecer servicios de ecoturismo, resolver necesidades básicas como caminos, agua potable y vivienda, e incluso innovar con modelos propios de salud y educación.
En 2011, López Obrador conoció a la Tosepan por primera vez y se convenció de replicar ese modelo a nivel nacional. Se trata de promover empresas sociales o cooperativas que faciliten a las comunidades organizarse en sus territorios para crear cadenas de valor agregado en circuitos de mercado local. La idea es promover una serie de proyectos para que un número considerable de personas puedan producir y consumir de forma relativamente autónoma y sostenible.
Así, la economía social y solidaria –como se le conoce- está llamada a convertirse en un eje central de la política de desarrollo social. En la visión obradorista resulta una paradoja el que muchos de los territorios donde viven las familias más pobres de este país, son ricos en recursos naturales y en valores culturales de sus habitantes. Lo que les ha faltado es contar con una política social que los vea y los escuche como sujetos de su propio desarrollo. Por ello, se busca promover modelos que hagan que la riqueza producida sea retenida y distribuida equitativamente entre los participantes en cada una de las regiones.
Bajo este nuevo paradigma, en lugar de que la política social se enfoque exclusivamente en los individuos de forma aislada, focalizará su actuación en sujetos colectivos, centrándose en municipios de alta y muy alta marginación o con amplia concentración de pobreza, cuyos habitantes han sido receptores del programa Progresa-Oportunidades-Prospera por largos periodos, sin que haya servido para mejorar su situación de manera sostenida ni significativa.
Para dinamizar las economías locales y convertirlas en territorios productivos que generen ingresos sostenibles para sus habitantes será necesario fortalecer el papel de las microfinanciadoras para que el crédito llegue a quien más lo necesita -especialmente mujeres, jóvenes e indígenas-, y generar un mayor protagonismo de las comunidades urbanas y rurales por medio de los espacios de participación y deliberación.
Contrario a lo que se podría creer, la economía social no es una expresión marginal. Las 300 cooperativas más ricas del mundo –las cuales facturan más de 100 millones de dólares– constituyen un flujo de dinero equivalente al PIB del Reino Unido, la quinta economía del mundo. En varios países se han desarrollado experiencias muy exitosas: en Japón, 91% de los productores agropecuarios son socios de cooperativas. En Finlandia las cooperativas son responsables de la producción de un 74% de los alimentos, y en Noruega producen 99% de la leche y sus derivados. En tiempos de crisis, la economía social ha aumentado su visibilidad política en Europa, como una estrategia generadora de empleo y cohesión social.
Varias naciones en desarrollo también han promovido estrategias exitosas de economía social. En Bangladesh, por ejemplo, Muhammad Yunus promovió la creación de un banco para los pobres y de los propios pobres –el Grameen Bank–, que otorga millones de préstamos en las comunidades rurales marginadas con intereses muy bajos. Este banco ha sido la base para crear empresas sociales sin fines de lucro que buscan cubrir las necesidades de las personas marginadas en sus territorios, y al mismo tiempo ofrecer opciones de trabajo productivas a un gran número de personas. Hoy Grameen ofrece servicios educativos, telecomunicaciones, producción de textiles y sistemas de energía solar que ha permitido cambiar la vida a muchas personas.
Evidentemente, AMLO no pretende acabar con los programas de asistencia social. Prospera probablemente seguirá siendo por un buen tiempo el programa social más importante, en tanto no es deseable ni posible suprimir una transferencia de la que depende hoy el sustento de millones de familias en México. Tampoco se eliminará 65 y Más, el programa que beneficia a los adultos mayores (de hecho, el planteamiento es universalizarlo y duplicar el monto de la transferencia actual).
Sin embargo, la política social transitaría hacia un enfoque productivo a un ritmo cuya velocidad es difícil prever por el momento. Uno de los planteamientos actuales es comenzar con un gran programa de reforestación que sirva para satisfacer una necesidad ambiental y al mismo tiempo generar empleos entre las comunidades. Se plantea además fortalecer el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), que no ha tenido la potencia suficiente desde su creación en 2012, a través de un sistema de microfinanzas que permita incubar la creación de empresas sociales económicamente viables que tengan un objetivo explícito de beneficiar a las comunidades.
Replicar experiencias como la de Tosepan y convertirlas en el pilar de una estrategia de desarrollo y combate a la pobreza a nivel nacional, no será sencillo. Aún así, la osadía para modificar los paradigmas de la política de desarrollo social arraigados durante mucho tiempo representan de suyo un valor. Se requerirá también de una gran determinación para no ceder ante las presiones político-electorales que históricamente han enfrentado los programas sociales en el país.
@HernanGomezB
