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Es evidente que hay inconsistencias en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Aunque se trata de respetar por primera vez el artículo 127 constitucional que establece la prohibición de ganar más que el presidente de la República, existe otra disposición–el artículo 94 constitucional– según la cual los sueldos de los jueces y ministros no pueden reducirse durante su encargo.
La acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH es clara al reparar en muchas de esas inconsistencias, cuyo destino está hoy en manos del pleno de la Suprema Corte. Para muestra, como advierte la Comisión, “la norma no distingue niveles jerárquicos del servicio público, al contrario, de forma homogénea regula las remuneraciones de todos los servidores públicos del ámbito federal, sin excepción”.
Probablemente muchas de las inconsistencias de la nueva ley obedecen a la velocidad con la que está legislando y tomando decisiones la Cuarta Transformación. Aquí y en otros frentes pareciera que, antes que la reacción conservadora representada en el Congreso –y que todavía yace en la confusión post traumática–, la prisa y la improvisación podrían ser los grandes adversarios de la 4T.
Aún así, la verdadera discusión no es de técnica jurídica o procedimental. El debate de fondo es político y de más largo aliento. Aquí, aunque el obradorismo pierda en las formas, es muy probable que al final aventaje en la disputa de fondo: la lucha de más largo aliento contra los privilegios, una cuyo norte es una noción de justicia para el común denominador de los ciudadanos.
Si se considera el PIB per cápita, las percepciones de los funcionarios públicos en México llegan a representar más del doble del promedio de los países de la OCDE, sin contar bonos, sobresueldos, seguros privados, etc… y son tres veces más altas que en Estados Unidos, como ya he señalado previamente (https://bit.ly/2zR7Yo1).
Un juez de la Suprema Corte en Estados Unidos –cuyo mandato es vitalicio– gana en torno a seis salarios mínimos; en México perciben hasta 130 veces el valor del mínimo. En un país donde el salario mínimo no ha alcanzado siquiera a cubrir el valor de la canasta básica, jueces y magistrados suenan totalmente desapegados de la realidad, sino es que ridículos, al invocar el derecho humano a un “salario digno”. ¿Alguna vez fallaron a favor de la dignidad salarial de los ciudadanos de a pie?
Es imposible no leer conflicto de interés cuando la Corte, actuando como juez y parte, suspende la Ley Federal de Remuneraciones o cuando la CNDH –otro organismo autónomo cuyo presidente percibe 198 mil pesos mensuales– interpone una acción de inconstitucionalidad en contra de una reducción de privilegios y canonjías que evidentemente le tocarán directamente a él y a sus funcionarios.
Esa misma comisión tardó años en emitir una recomendación a las autoridades para elevar el salario mínimo –lo hizo apenas en noviembre de 2018–, cuando desde los años noventa existe un fuerte reclamo por incrementarlo. Otro país seríamos si la CNDH actuara en temas como éste con la misma celeridad con la que interpusieron la más reciente acción de inconstitucionalidad que reduce sus propios sueldos.
Cómo tomarse en serio a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito cuando ayer –en clara defensa de los intereses de su corporación– denunciaban que el propósito de fondo de la ley de remuneraciones es “debilitar el sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de derecho”. ¿Alguien los escuchó hablar en esos términos cuando en septiembre de 2004 el ministro presidente de la SCJN, Mariano Azuela, se reunía con Vicente Fox para “intercambiar puntos de vista” sobre el futuro desafuero de AMLO?
Caen en el cinismo e incurren en la extorsión aquellos jueces que insinúan que habrán de corromperse si no perciben esos 600 mil pesos mensuales. La evidencia internacional sugiere, además, que los altos salarios en el sector público no se asocian con menor corrupción (para muestra esta base de datos publicada por el Banco Mundial https://bit.ly/2PjqN8h).
¿Y qué decir de esos llamados “partidos de oposición” que, en el extremo de la degradación moral y la falta de brújula hacen de la defensa de los sueldos estratosféricos de los altos funcionarios su primera batalla política del sexenio? Cabría preguntarse si esto no los llevará a acentuar aún más su descrédito.
Al final, quienes han iniciado esta resistencia para defender intereses corporativos y privilegios en nombre de la “independencia del poder judicial”, la “división de poderes”, los “contrapesos” y los “equilibrios” podrán detener una ley, pero no conseguirán ganar la credibilidad de la sociedad –el bien más preciado en los tiempos que corren– y serán percibidos como defensores del status quo; personeros que acaso logran aplicar el derecho a la letra (y siempre que convenga a sus intereses), pero rara vez hacen justicia con mayúsculas.
@HernanGomezB
