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Una distorsión común —que resulta de nuestra inmadurez democrática y grandes dosis de ingenuidad— consiste en creer que todo lo que viene de la sociedad civil es bueno, puro e impoluto, y todo lo relativo al Estado y a los partidos es opaco, oscuro, malévolo.
Las organizaciones de la sociedad civil y sus dirigentes —con todo lo importantes que son— no solo defienden causas. También son actores políticos, ambicionan espacios de poder, tienen intereses materiales, no siempre esclarecen sus verdaderos propósitos y a veces promueven agendas político-partidistas.
Pero no caricaturicemos: la sociedad civil es plural y diversa. Algunos hemos sido injustos e imprecisos al generalizar opiniones sobre las organizaciones que promueven una fiscalía autónoma, por lo que es necesario hacer un matiz:
Estos planteamientos no son exclusivos del sector empresarial y sus organizaciones. Fiscalía que Sirva se formó en 2016, fundamentalmente a partir del trabajo de diversas organizaciones de derechos humanos, como Cencos, Serapaz, Centro PRO, Tlachinolan e incluso Fundar.
Sus propuestas para crear una fiscalía autónoma del poder político, que sirva a la sociedad, constituyen un aporte valioso. La agenda no se limita únicamente al polémico mecanismo para nombrar al próximo fiscal, aunque ese sea el asunto más difundido por los medios. Contempla también una serie de propuestas para fortalecer a la institución y evitar que simplemente se le transfiera la decadente estructura de la PGR.
Integrantes de ese colectivo señalan que la inclusión de las organizaciones vinculadas al mundo empresarial fue posterior a la conformación de esta agenda. Al trabajo de Fiscalía que Sirva se sumó más tarde Vamos por Más, el cual aglutina fundamentalmente a organizaciones ligadas al mundo empresarial, como el Imco, Transparencia Mexicana, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Coparmex, más interesadas en una agenda de combate a la corrupción desde las preocupaciones del sector.
Aunque Fiscalía que Sirva y Vamos por Más han caminado juntas en el tema de la Fiscalía, la distancia entre ellas se ha venido acentuando a partir del proceso electoral y probablemente tenga sus días contados. La brecha se hizo evidente cuando parte de la sociedad civil empresarial tomó partido abiertamente a favor de Anaya. Esa postura generó gran incomodidad entre las organizaciones de derechos humanos que, además, no necesariamente se ven jugando un papel de oposición a AMLO.
El debate en torno a la fiscalía no solo tiene que ver con su diseño institucional, es también una discusión política. En el contexto actual, una parte de la élite empresarial, que actúa a través de las organizaciones de la sociedad civil, podría apostar a encontrar allí un espacio institucional de incidencia y presión desde el cual operar un polo de oposición al próximo gobierno. Un espacio así, sin embargo, debe conquistarse en las urnas.
No está de más decir que la responsabilidad política y electoral de la procuración e impartición de justicia ante los ciudadanos es de un presidente electo por el 53% de los votos. Es a él a quien vamos a cobrarle mejorías concretas.
No veo una gran diferencia entre una fiscalía autónoma del poder político, que no lo sea del poder económico. El elefante en el cuarto es la experiencia de Lula da Silva, donde la élite económica utilizó instituciones de procuración e impartición de justicia supuestamente autónomas para perseguir, sin pruebas, a un candidato a la presidencia, e incluso destituir a una presidenta en funciones (https://goo.gl/CdUpjW).
Especular con un escenario así en México sería paranoico. Quiero pensar que nuestra élite empresarial es demócrata y las organizaciones que financia no se prestarían al golpismo. Pero no cabe duda que más de uno disfrutaría de tener ese as bajo la manga y utilizarlo para marcar la cancha.
Investigador del Instituto Mora.
@HernanGomezB
