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Ya reza el refrán: “El buen juez, por su casa empieza”. Esto es lo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dejó perfectamente claro en carta dirigida a los más altos niveles del sector público de nuestro país. En esta misiva López Obrador instruye a los funcionarios públicos a no recibir a nadie en sus oficinas, ni siquiera las llamadas de quien, a nombre de él, pretenda realizar cualquier tipo de negocio o, como lo dijera él mismo, “propuestas indecorosas”. El jefe del Ejecutivo hace mención de sus más cercanos familiares para no dejar duda alguna de que a nadie le habrá de permitir conductas deshonestas en su gestión.
Como hemos venido insistiendo, la principal propuesta electoral de López Obrador se situó en la lucha contra la corrupción que, sin duda, es uno de los mayores flagelos que vive nuestro país y junto con la inseguridad se han convertido en el monstruo de dos cabezas a vencer.
Las acciones que se realizan en este rubro contra gobiernos anteriores hasta cierto punto parecen normales, ya que muchas de ellas, como el caso Odebrecht, el propio Ejecutivo ha sido enfático en manifestar que el proceso legal contra los involucrados se originó desde la administración del presidente Enrique Peña Nieto; es decir, la administración actual no inició ningún proceso legal por presuntos actos de corrupción contra el equipo de Peña Nieto, todo esto queda en el ámbito de la reflexión en la opinión pública para evitar, por sus características, que pudiera presumirse un acto de venganza por parte del actual mandatario.
Hoy se sabe de servidores públicos que, bajo la protección del cargo conferido, utilizan ese espacio para preparar embates contra añejos adversarios, pretendiendo desahogar viejas afrentas y consolidar venganzas personales, hecho denostable que mancharía sin duda la ruta de la 4T.
Cuando se ataca a los adversarios políticos siempre existe la presunción de que la motivación es la venganza y la única forma de acreditar congruencia y sobre todo decisión es cuando se mete en orden a los de casa; es decir, ahí da inicio el cambio en las prácticas vinculadas con actos de corrupción.
Es por ello que los servidores públicos de la 4T han recibido diferentes mensajes del presidente. Basta recordar las muchas veces que, como candidato o mandatario electo, y por supuesto como presidente constitucional, López Obrador ha advertido de forma categórica a todos los servidores públicos de todas las esferas de gobierno, su decisión de actuar con contundencia ante una evidente conducta corrompida, la cual en mucho de los casos ya se advierte en algunas esferas del gobierno.
Lo importante no es acusar, es presentar la evidencia clara que no dé margen a duda o sospecha y para ello la sociedad mexicana en su conjunto, organizaciones y representantes populares tenemos la obligación de informar a nuestro presidente, con contundencia, de las presuntas conductas que se encuentren fuera de los cánones que él ha marcado; ya lo he dicho y lo repito, sólo tenemos un presidente, nuestra obligación es depositar en él la confianza y darle el tiempo justo para observar resultados. Y luego, acusar y en su caso señalar a servidores públicos que no entiendan la relevancia y la oportunidad que la izquierda tiene de consolidar un nuevo gobierno.
Pronto veremos si efectivamente los que hoy conforman el gobierno de la 4T están a la altura del cambio que se ha propuesto el primer mandatario de nuestro país y que muchos acompañamos simple y llanamente por el bien de México.
Diputado federal.
