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El Estado mexicano es y ha sido débil. Un Estado fuerte no tiene que ser autoritario y hay muchas democracias en las que se respeta la ley, se recauda bien y se fomenta el crecimiento y desarrollo inclusivo. Se requieren mecanismos que acoten al Estado sin restarle funcionalidad. El diseño institucional y la estructura gubernamental son esenciales para generar incentivos adecuados y dotar al Estado con capacidad suficiente para tener buenas políticas públicas.
Preocupan algunas señales del próximo gobierno que amplían el poder del presidente y modifican la estructura gubernamental, sin que sea clara su pertinencia. Doy tres ejemplos. Los diputados de Morena presentaron una iniciativa que quita autonomía a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Su autonomía es para protegerlas en el ejercicio de sus funciones vinculadas al desarrollo y la eficiencia económica, algo fundamental en un Estado débil, sujeto a fuertes presiones de las élites públicas y privadas y al “capitalismo de cuates”. Quitarles autonomía solo se explica como medida para evitar contrapesos técnicos y legales en su actuar. ¿Cómo evitar que pase lo mismo con Banco de México, INE, Cofece, Coneval y otros? Si hay dudas sobre el actuar de éstas, que se planteen y se debatan, pero no quitemos injustificadamente lo que les da fuerza e independencia o supongamos que sólo con buena voluntad y honestidad se suplirá la falta de autonomía.
Otro ejemplo es la creación de los llamados “superdelegados” quienes concentrarán las funciones de los actuales delegados en los estados. Se dice que esta medida permitiría reducir el aparato gubernamental pero no sería significativo ni necesariamente deseable, de seguir operando programas federales. También se dice que permitirá acotar a los gobernadores, algunos de los cuales se enriquecieron de manera escandalosa, pero no garantizará fin a los abusos para lo que se requieren mecanismos más efectivos y transparentes. Es cuestionable que en una federación democrática se otorgue a los delegados gran poder a costa de los gobernadores, cuando éstos ganaron su puesto en las urnas y tienen responsabilidades constitucionales a diferencia de los primeros. La estructura propuesta debilitará el vínculo entre los operadores de los programas y las secretarías responsables y debilitará la rendición de cuentas hacia el ciudadano: si ya es complejo discernir entre órdenes de gobierno y la responsabilidad sobre las acciones públicas, con esto será aún más nebuloso. El que los superdelegados dependan directamente de la Presidencia y que muchos de los designados hayan sido rivales políticos de los gobernadores o futuros candidatos, sugiere que el objetivo de la reforma es político y electoral más que la eficiencia gubernamental.
El tercer ejemplo se refiere a la reorganización de algunas dependencias. Hay varios casos, pero me referiré al de Liconsa y Diconsa, que como se informó, dejarían de ser parte de Sedesol para quedar sectorizadas en la Secretaria de Agricultura. Dado que su objetivo es eminentemente social y orientado al consumo de personas en pobreza y marginación, tiene sentido su permanencia en Sedesol. Liconsa ofrece leche subsidiada a familias pobres, principalmente en zonas urbanas, mientras que Diconsa contribuye al abasto de bienes básicos donde hay pocas alternativas para adquirirlos. Es de esperarse que, al formar parte de Agricultura, su objetivo y capacidad se transformen para reflejar el mandato de su nueva cabeza de sector orientada a la producción agrícola más que al desarrollo social. La estructura gubernamental debe asegurar las condiciones operativas e incentivos adecuados para mejorar los resultados de la acción gubernamental. Pueden requerirse cambios en la estructura, pero deberían justificarse adecuadamente.
Decano, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno,
Región Ciudad de México, Tecnológico
de Monterrey. @GustavoMerinoJ
