En el marco de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vale la pena reflexionar sobre uno los sectores que resultó más afectado en el país con su entrada en vigor: el campo mexicano.
Iniciemos señalando la regla general a la cual los negociadores mexicanos deben ceñirse: de acuerdo con los artículos 1, 2 y 27 de nuestra Constitución, la primera y última obligación de toda autoridad en este país es respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos desde una perspectiva garantista, pluricultural y sostenible, lo cual presupone que el texto del nuevo tratado sólo será constitucional si se ciñe a estos estándares de protección.
Cumplir con esta regla es fundamental en el caso del campo mexicano toda vez que son las comunidades campesinas e indígenas las responsables de que nuestro país sea centro de origen y diversificación genética del 15.4% de las especies que se utilizan en el sistema alimentario mundial. En otros términos, el manejo cotidiano de los pueblos indígenas y campesinos de los recursos naturales y ecosistemas dentro de los territorios donde se asientan, ha generado con los siglos el llamado patrimonio biocultural que de acuerdo con Eckart Boege (2008) éste se manifiesta en: a) los recursos naturales bióticos intervenidos en distintos grados, b) el uso de estos recursos naturales de acuerdo con patrones culturales, y c) agroecosistemas tradicionales como la expresión de la diversidad biológica domesticada.
Esta extraordinaria situación explica también el hecho que hoy día sean los territorios indígenas las zonas mejor conservadas de México, amén de ello en la actualidad la agricultura no industrializada en el mundo, también llamada agricultura de subsistencia o agricultura familiar ocupa el 20% de la superficie cultivable del planeta y produce el 50% de los alimentos, mientras que la agricultura industrial produce el 30% de los alimentos en el 80% del área agrícola mundial.
Algunos académicos han señalado con mucha puntualidad que el TLCAN vigente definió las políticas públicas agroalimentarias e impactó severamente diversos derechos humanos de campesinos e indígenas, debido en buena medida a que el tratado fue construido exclusivamente desde una única lógica y perspectiva: la moderna-occidental, enfocada principalmente en la producción-exportación. Este error no puede y no debe repetirse por lo dicho al inicio de este comentario.
Sin embargo a pesar de la importancia de la agricultura tradicional, y como consecuencia directa del TLCAN, las decisiones que el Estado mexicano ha tomado históricamente en el tema no sólo no han sido benéficas sino que la han discriminado y relegado abiertamente. Un ejemplo claro de lo anterior es el caso del programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro).
El programa fue diseñado y ahora es implementado por la SAGARPA y el CIMMYT, promueve un modelo de agricultura que no reconoce necesariamente los conocimientos tradicionales, ni las condiciones ambientales y culturales de los pequeños productores. En su lugar, propone convertir el sistema agroecológico tradicional en un sistema industrializado orientado a satisfacer las demandas agroindustriales a través de un programa de “modernización” de la agricultura en donde los campesinos pierden el control cultural de los recursos naturales que tradicionalmente han manejado.
A este respecto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) elaboró el Informe sobre la pertinencia biocultural de la legislación mexicana y su política pública para el campo. El caso del programa de “Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional” (MasAgro), (https://goo.gl/orLxFe) donde se hizo un trabajo de análisis en aras de proponer a las autoridades mexicanas un modelo de agricultura bioculturalmente pertinente.
En este informe, se hicieron diez críticas importantes al programa así como una serie de recomendaciones para la adopción de un marco jurídico para el agro que cumpla con el estándar constitucional, que en el contexto actual de renegociación del TLCAN estimamos prudente sean consideradas. El informe fue entregado el pasado martes a los Secretarios Guajardo y Calzada porque pensamos puede dar algunas luces para orientar y construir los argumentos en los procesos de toma de decisión que se avecinan.
Es claro que el tema requiere de un amplio debate democrático y de un necesario diálogo intercultural, la pregunta por tanto para nuestras autoridades es: ¿cómo piensan proteger y fomentar la agricultura tradicional en el actual proceso de negociación?