La reforma política de 2014 creó un sistema político más abierto y competitivo, promoviendo el debate y la discusión de las ideas de los que nos quieren representar.
Durante las precampañas escuchamos las primeras propuestas de los candidatos, pero, ahora, el silencio del periodo de intercampañas limita la difusión y libertad de expresión, fomentando mentiras y noticias falsas: vemos anuncios que más que mostrarnos las fortalezas y debilidades de los candidatos, nos enseñan quién tiene mejor publicista; pero no los votaremos a ellos, sino a los candidatos: la relación candidato-ciudadano no debe tener intermediarios.
Ese es el problema con la resolución del INE acerca de la ridícula prohibición a realizar debates, que fomentaba la desinformación y ausencia de deliberación. Necesitamos promover más debates abiertos, no acartonados; que, con total libertad, los candidatos se muestren cómo son realmente.
La normatividad que pretendía aplicar el INE iba en contra de nuestro interés como ciudadanos; tal vez lo hizo para justificar su alto costo económico: el presupuesto de todos los partidos es de 6 mil 788 millones (¡y se nos hace mucho!), el del INE es de 17 mil 420 millones (¡casi 3 veces!); sin duda, algo huele a podrido en Dinamarca, diría Shakespeare. Es necesario regular los gastos de la autoridad electoral para evitar que la supervisión cueste más que la operación. Y qué bueno que el TEPJF revocó esa absurda prohibición y fomenta la libertad de expresión de los candidatos, pero también la discusión sobre el país que proponen.
En aras de ese debate abierto y plural, el ejercicio público que realizó la Convención Bancaria fue una apuesta para promover la presentación de los candidatos presidenciales y que permitió conocerlos, mucho más que todos los anuncios y canciones que nos han mostrado los mercadólogos.
En ese evento se escuchó a un López Obrador repetitivo y cansado donde enfatizó que él no controlaría al tigre; una frase mal copiada a Porfirio Díaz. Por su parte, Anaya, con una presentación plagiada e infantil, habló como si el público fueran estudiantes o los hijos de los propios banqueros, pero no proponiendo, sino intentando, mal, explicar cómo funciona algo que los banqueros ya saben.
En contraste, Meade habló de la necesidad de un México más bancarizado y del fortalecimiento del Estado de Derecho; base para generar bienestar social y consolidar los derechos para todos. Fue el candidato que evidentemente más aportó.
Como ciudadanos debemos exigir que se nos dé la oportunidad de conocer realmente a los candidatos, que sepamos acerca de su carrera profesional y sus aciertos; ordenemos a los auditores bajando su presupuesto y; no permitamos encuestas fraudulentas pagadas por los interesados con el único objeto de crear “percepción”.
Tenemos que asegurar que todos los postulantes tengan la misma oportunidad de darse a conocer: López Obrador, y Anaya antes, como presidentes de sus partidos, se aprovecharon de millones de spots. Promovamos reformas a la legislación electoral para quitar los anuncios, o limitarlos, y evitar que un buen publicista confunda a un buen candidato de uno malo.
Al mismo tiempo, obliguemos a que los candidatos presidenciales sean investigados y auscultados, penal y fiscalmente, por una autoridad especializada. Solo así podremos conocerlos realmente y asegurarnos que llegarán los mejores y con el mejor historial; de esta forma, evitaremos que algunos se victimicen para que no se les revise.
La ley electoral debe centrarse en la relación candidato-ciudadano para entender sus ideas y cómo las aplicarán; comprender su visión de futuro, serenidad y aplomo: ¡necesitamos saber qué proponen y cómo van a hacerlo posible! Necesitamos reformar la ley para fomentar el debate y la discusión entre los candidatos, y no creer en una imagen inventada que pueda engañar con mucha facilidad a aquellos que sólo tienen fe y esperanza en un futuro mejor.
Coordinador general de Puertos
y Marina Mercante
