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En mi artículo anterior escribí cómo las redes sociales están sustituyendo a la democracia representativa. Ahora, con los últimos acontecimientos, parecieran convertirse en instrumentos para el caos.
El terremoto de 1985 generó una recomposición social de mayor colaboración e integración en temas que a todos nos atañen. Después de la catástrofe, el gobierno inicio la reestructura de las instituciones de protección civil: en 1993, como servicio público, el Sistema de Alerta Sísmica previno, por primera vez, a una ciudad; años después, Francisco Labastida, como secretario de Gobernación, creó la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la que fui designado como su primer titular, y en 1999 se integró el Fonden como base financiera de la estructura de protección civil.
En estos años, como lo mencioné en mi columna del 30/10/2015, se ha trabajado para robustecer la protección civil: se modificó, entre otras cosas, la normatividad para la construcción; sin embargo, las edificaciones modernas colapsadas parecen no haberla cumplido. Las autoridades no deben permitir construcciones fuera de la ley, ni amparar paracaidistas que, por interés o apoyos políticos, invaden edificios, varios con problemas estructurales. Finalmente, estos funcionarios deben ser responsables de los despojos y de que la normatividad se cumpla.
En estos 5 años hemos tenido el embate de desastres naturales: en 2013, Ingrid y Manuel afectaron a más de 20 estados; en 2014, Odile provocó daños en Baja California y; en 2015, Patricia azotó Jalisco. En todos estos casos, el presidente Peña Nieto ha trabajado de cerca para organizar la reconstrucción en el menor tiempo posible. En todos estos estragos la capacidad de respuesta ha sido inmediata y eficaz.
Hoy estamos enfrentando las secuelas de los terremotos del 7, 19 y 23 de septiembre y vemos a una sociedad más organizada, junto a un gobierno más ordenado que provee apoyos claros y con un método más eficiente. La protección civil no es un tema de partidos políticos, sino del Estado mexicano: gobiernos y organizaciones sociales y civiles mejor coordinadas. En los siguientes años tendremos que sistematizar todos los esfuerzos en una sola estructura porque ese es el fin de la Ley General de Protección Civil.
Por su parte, algunos periodistas ven desorden, y junto con las redes sociales, dicen que sólo funciona la sociedad civil. Imaginemos qué pasaría si el gobierno se echara para atrás. La labor del gobierno es, ha sido y será la más importante porque es capaz de restablecer la normalidad: reconstruir hospitales, escuelas, infraestructura portuaria, carretera; caminos y puentes, así como redes de tendido eléctrico, servicio de agua potable, combatir epidemias o evitar otras secuelas, algo que no podría hacer la sociedad civil; sin embargo, el trabajo de ésta es un soporte fundamental.
No podemos dejarnos engañar, como lo ha dicho el Presidente, por la mala información o rumores creados en las redes sociales; donde todos pueden decir y repetir sin corroborar lo que otros dicen; inventar infundios que, en momentos de crisis, pueden ser muy costosos. Qué bueno que cada vez tengamos mayor y mejor comunicación, pero qué mal que muchos la usen irresponsablemente.
La sensatez tiene que venir junto con la libertad. Si tenemos libertad para decir lo importante, lo que nos interesa y lo que creemos que es bueno para la sociedad, también debemos tener sensatez suficiente para no inventar información en momentos de crisis porque desperdiciamos recursos, horas hombre, esfuerzos y perdemos oportunidades para ayudar a los damnificados.
Dejemos a los que trabajan hacer su labor con eficiencia, no menospreciemos su esfuerzo; no inventemos apoyados en fuentes anónimas. En estos momentos, como mejor podemos ayudar es no promoviendo la desinformación. Tenemos que crear una consciencia nacional del poder de la palabra y de creer en el trabajo de los que exponen su vida y su salud.
Coordinador general de Puertos y Marina Mercante.
guillermo.ruizdeteresa@yahoo.com
