En estos días se han acumulado datos no alentadores sobre el curso de la economía en el país. Entre ellos, la decisión del gobierno de Estados Unidos de aplicar aranceles en una fecha inmediata a todos los productos que ingresen a ese país procedentes de México, no atiende a circunstancias económicas prevalecientes al sur del Río Bravo. Otros, como el débil crecimiento de la inversión es un proceso presente desde hace varios años y explica en gran parte la debilidad en el crecimiento y la firme tendencia al estancamiento económico. Sin embargo, hay otros hechos que impactan negativamente el curso de la economía y que son resultado del manejo de las finanzas públicas y la ejecución de un drástico programa de ajuste fiscal.
Entre los resultados de este conjunto de acontecimientos están las estimaciones y previsiones sobre el débil crecimiento de la economía de organismos financieros multilaterales como el FMI y la OCDE; pero también de instituciones del país, como Banco de México. Todos ellos han realizado correcciones a la baja en el desempeño del PIB, dominando a la fecha estimaciones cercanas a 1.5% de incremento del PIB en 2019. Más grave es que no se observen cambios importantes para el año siguiente.
La decisión del gobierno de Estados Unidos de aplicar un arancel de 5%, como parte de un calendario de aumentos en los meses siguientes hasta alcanzar 25% a todos los productos procedentes de México se explica en gran parte por el tiempo político prevaleciente en ese país, incluida la campaña para la elección presidencial que está en la práctica en curso. El gobierno estadounidense sostenía que aplicaría la medida dado que el intento de inmigrar a Estados Unidos por personas de México, los países de América Central y otros más, incluidos los que llegan de África, es un problema de seguridad para ese país. Para el gobierno de México apareció una firme complicación en tanto que los temas de migración y de comercio exterior se estaban colocando en la misma mesa por parte del gobierno estadounidense. Era una presión máxima para uno de los jugadores con base en la idea de que las relaciones comerciales entre ambos países benefician únicamente a México. En el contexto de la ratificación del T-MEC por los Congresos de los tres países, constituyó un dato que reforzó la inestabilidad financiera y económica, lo que pudo apreciarse por el comportamiento del mercado cambiario. A fin de cuentas, la no ejecución de la medida no eliminó la presión ejercida sobre las finanzas, el mercado cambiario y los procesos de inversión en México.
Existiendo un escenario de inestabilidad financiera es relevante considerar el incremento en la transferencia de capitales al exterior por parte de residentes en México. En el primer trimestre del año en curso se transfirieron el exterior más de 4 mil millones de dólares, cifra que supera en cuatro veces las transferencias realizadas en el último trimestre del año pasado y que se suma a un comportamiento observado en algunos trimestres en los años previos, pero sin que existiese la continuidad reciente. Es otro dato que presiona al mercado de cambios y se vincula con el débil crecimiento de la inversión en el país.
La aplicación del ajuste en las finanzas públicas impacta también negativamente la actividad económica y genera un círculo vicioso en tanto que para mantener el objetivo de un superávit fiscal primario, teniendo en cuenta que ante el menor crecimiento pueden reducirse en algo los ingresos fiscales, resulta necesario ejecutar un ajuste mayor. La eliminación de gastos innecesarios en el sector público, como del propio dispendio pueden permitir concentrar recursos financieros en ciertas actividades, incluidos programas sociales y gastos de inversión, pero no sustituyen el papel del gasto público en la promoción del crecimiento de la economía y menos aún de la inversión pública en materia de infraestructura que articula las inversiones de muchas empresas.
Un dato más que complica el escenario económico son las denominadas calificaciones de agencias como Fitch y Moody’s, que en estos días se han pronunciado negativamente sobre la calificación crediticia de México. Con diferencias entre ambas agencias, han tomado decisiones que pueden encarecer el crédito que contrate el sector público, las empresas estatales, pero también las empresas con matriz en México. Son en particular notables las decisiones de Fitch, que bajó las calificaciones soberanas de México de largo plazo en moneda extranjera y local un día, y al siguiente bajó la relativa a la deuda existente de Pemex, dejándola en grado especulativo, lo que implica costos mayores para servir la deuda contratada. Además, otros financieros y empresas del exterior consideran estas calificaciones para optar a colocar recursos en el país. La inestabilidad sigue sumando y la política económica ejecutada debe considerarla en todos sus términos para encontrar los medios para alcanzar crecimiento económico relevante y sostenido, ampliando la capacidad productiva endógena y en tanto ello elevando el ingreso a partir del trabajo formal y decente de amplios grupos de la población.
Departamento de Economía, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa
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