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En décadas recientes el mundo ha alcanzado tal grado de modernidad y desarrollo tal, que podría parecer lejano escuchar sobre países en crisis humanitarias; sin embargo, la situación de Venezuela sirve como un cercano recordatorio de que incluso en esta era, las naciones no son inmunes a tales niveles de inestabilidad política y económica.
Para dimensionar la crisis, consideremos lo siguiente: 4 de cada 5 hospitales públicos se ven afectados por escasez de medicamentos y equipo; en 2016, un 66% más de mujeres fallecieron durante el parto, en comparación a 2015; 8.2 millones de venezolanos —25% de la población— se vieron forzados a saltar una comida al día; y en 2016, 11 mil 400 recién nacidos fallecieron antes de cumplir un año. En este escenario, la administración actual se ha negado a recibir ayuda humanitaria. Paralelamente, la migración a otros países —particularmente Colombia, EU y Perú— continúa incrementando, y un 59% de los hogares reporta la emigración de al menos un familiar.
Llama la atención que Venezuela sea el tercer proveedor más importante de crudo para la matriz energética estadounidense —detrás de Arabia Saudí y Canadá—, lo cual le posiciona como un importante socio. Así, resulta incoherente que bajo la administración Trump, EU haya incrementado la presión sobre Venezuela al ampliar su lista de sanciones, mientras que sigue siendo el mayor cliente petrolero de ese país, con 230.7 millones de barriles de crudo sólo en 2017. Una lección en este punto es que para una propuesta sobre el papel que deberá jugar México, no se debe politizar el caso venezolano, pues eso le corresponde a sus ciudadanos; tenemos que encontrar nuevas alternativas para apoyar, dejando de comprar peticiones ajenas.
Si bien el gobierno de Peña Nieto ha insistido en la importancia de abordar la crisis de Venezuela en foros regionales, es clara su hipocresía cuando niega un verdadero apoyo, al no otorgar de manera sustancial la condición de refugiados a venezolanos que buscan nuevas oportunidades en nuestro territorio. De acuerdo con datos de la Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR), en 2017 se recibieron 4 mil 42 solicitudes, de las cuales se reconoció 907, dejando a 3 mil 67 personas esperando por una resolución a sus respectivos casos. Es claro que la complejidad crece y México necesita replantear su acercamiento.
Nuestro país ha respetado la Doctrina Estrada, la cual promueve los principios de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Pero hay que decirlo, estos elementos no deberían generar una dicotomía entre la no intervención y la protección de los Derechos Humanos, pues la llegada de Andrés Manuel López Obrador cuenta con la legitimidad para permitirle a México presentar una nueva propuesta sobre el rol que puede jugar en esta crisis.
Debemos reconocer que en años recientes, México ha dejado de ser un puntero regional. Mientras que en el pasado fuimos promotores activos en procesos de competencia regional, como lo fueron los Acuerdos de Paz de El Salvador, o los esfuerzos de paz del Grupo Contadora; hoy brillamos por nuestra ausencia en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EU y Cuba, así como en los Acuerdos de Paz en Colombia.
Hemos abdicado el histórico liderazgo regional. Parecería haberse olvidado la capacidad que alguna vez demostró la diplomacia nacional. Hoy sólo queda la reminiscencia de un México que fue ejemplo de apoyo y solidaridad. El caso venezolano presenta un desafío regional, ante el cual el gobierno de AMLO tendrá la oportunidad de retomar el rol de mediador por el cual México destacó en el siglo XX.
Ante esta oportunidad, apremia que el próximo gobierno haga cambios puntuales en las acciones de política exterior sin violar principios constitucionales; de hecho, deberá ponerlos en práctica. Debemos proponer a México como un espacio de diálogo y mediación entre la oposición y el gobierno, insistiendo en encontrar una solución a la crisis humanitaria. Sin duda, el gobierno de AMLO tendrá la legitimidad y credibilidad para tomar esta posición.
Diputada federal
