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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron creados con la ambición de dar respuesta a los mayores desafíos de nuestros tiempos. Desde la pobreza hasta la desigualdad, desde el cambio climático hasta nuestros modelos institucionales, estos objetivos aspiran a transformar el mundo y a garantizar la plena inclusión: “que nadie se quede atrás”.
En una carrera contra reloj en la que el mundo tiene solo 11 años más para alcanzar los ODS, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reporta que ni un solo país muestra indicios de estar encaminado hacia el logro de todos los 17 Objetivos que componen la Agenda 2030. Si bien esta Agenda es exhaustiva y su implementación es como tal un proyecto muy ambicioso, definitivamente existen áreas de oportunidad para mejorar y acelerar su ejecución. Una de estas áreas es la mayor inclusión de los órganos legislativos en la tarea de llevar los compromisos a los hechos y además, hacerlo de forma eficaz, ante la premura del tiempo.
Todos los ODS requieren que los parlamentos aprueben leyes, asignen recursos financieros y hagan que el gobierno rinda cuentas del progreso. Pero no hay una receta única, cada país debe aprender a adaptar la Agenda según su entorno nacional. En el proceso de hacerlo, tienen la importante tarea que dicta el ODS 16: consolidarse como instituciones democráticas transparentes que garanticen una toma de decisiones inclusiva, participativa y representativa; tareas que no son sencillas.
En un mundo en el que el 58% de los niños y adolescentes no tienen los conocimientos básicos de lectura y escritura, en el que 6 de cada 10 personas no tiene acceso a servicios sanitarios dignos y 3 de 10 carece de servicios de agua potable, en el que los hombres siguen ganando 12.5% más por el mismo trabajo que hacen las mujeres y en el que los jóvenes tienen 3 veces más riesgo de estar desempleados que los adultos, son solo algunos indicios de la urgencia de un mayor activismo parlamentario mundial en los ODS.
Es momento de visibilizar a los órganos legislativos como parte fundamental e indispensable para la implementación de cualquier acuerdo internacional. Si no es así, difícilmente los ODS podrán transitar del terreno del compromiso político al de las acciones concretas. Para crear un entorno en el que los ODS se conviertan en una prioridad para las naciones, los parlamentos deben alentar a los gobiernos a tener planes de trabajo claros para lograr avances significativos en la Agenda 2030, además de identificar cuellos de botella legales que puedan requerir reformas.
Dada su función representativa, los parlamentos deben reflejar a las personas que representan para garantizar que nadie se quede atrás. Los parlamentarios deben promover asociaciones estratégicas con el sector público, privado y la sociedad civil para encontrar soluciones conjuntas y sinérgicas que contribuyan al logro de los ODS, asegurando que todas las voces sean tomadas en consideración. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Bonn, Alemania, en el “SDG Global Festival of Action” discutiendo con los líderes mundiales de la Agenda 2030 para conversar sobre las mejores prácticas legislativas en este respecto y buscar las alternativas más adecuadas para que los ODS dejen de ser un anhelo y se conviertan en una herramienta de transformación e inclusión.
Diputada federal
