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Como parte de los trabajos que se llevarán a cabo esta semana durante la Asamblea 140 de la Unión Interparlamentaria (UIP), organización que tengo el honor de presidir, se abordará el tema de la educación como herramienta para la paz, seguridad y el Estado de derecho. Desde la UIP consideramos que los cambios en la ciencia, tecnología, acceso al conocimiento e innovación deben reflejarse en políticas educativas que se traduzcan en la creación de una nueva cultura de la legalidad y abonen en beneficio del Estado de derecho.
La educación es un derecho humano que ha sido consagrado y el Estado es responsable de proveerla. Por ello, como representantes tenemos la obligación de orientar esfuerzos para impulsar los temas educativos y que ello se traduzca en el desarrollo profesional que derive en obtener sociedades más prósperas. Para ello es necesario no solamente revisar la legislación educativa sino garantizar la universalidad de esta, pues aproximadamente 262 millones de niños y jóvenes se encuentran fuera del sistema educativo alrededor del mundo en la actualidad. En este mismo sentido debemos procurar la equidad de género en la impartición de la educación. De acuerdo con la Unesco casi un cuarto de las mujeres entre 18 y 24 años no ha completado la educación básica en países en vías de desarrollo. Sin duda la equidad educativa logrará el desarrollo de sus habilidades y permitirá un mejor futuro para ellas, procurando la paz y el Estado de derecho.
Más allá de enfocar la agenda educativa hacia la creación de personas técnicamente especializadas, es necesario implementar un esquema integral donde se desarrollen habilidades emocionales, la creatividad y el pensamiento crítico apoyado del progreso constante de las herramientas tecnológicas. De esta manera, la educación será sinónimo de seres humanos preparados para enfrentar retos, combatir estereotipos e ideas extremistas, así como para dialogar ante situaciones de desacuerdo minimizando posibilidades de conflicto.
En nuestro país, la educación debe ser vista como un instrumento para implementar una cultura de civilidad y respeto a la ley. El planteamiento de una educación integral potencializa el crecimiento económico al diversificar las áreas de oportunidad que las nuevas tecnologías plantean. Como parlamentarios debemos asegurarnos de que el crecimiento exponencial de los procesos de innovación se incorpore en el desarrollo de las habilidades personales para así permitir la competitividad laboral en un mundo cada vez más globalizado.
Tengo la certeza de que durante la presente Asamblea deliberaremos diversos puntos respecto a los retos que la educación presenta y obtendremos un cúmulo de acuerdos para priorizar tanto la inversión en educación, así como su enfoque integral en los diferentes parlamentos del mundo. De esta manera lograremos impulsar agendas educativas que desarrollen personas no solamente especializadas, sino con valores y capaces de generar una sociedad de paz, seguridad y de respeto al Estado de derecho.
Diputada federal
