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6 puntos para entender los cambios a la reforma judicial; desde título profesional hasta "pase automático"
La intentona de romper el orden constitucional por parte del Congreso de Baja California ha subido aún más el volumen de las alarmas acerca de la emergencia de fuerzas que quieren suprimir la democracia republicana y comprometer al Estado mexicano en una nueva era de autoritarismo. La indignación se ha dejado sentir en todas partes de la nación, pero a la vez se han exhibido síntomas de la más profunda corrupción del compromiso democrático de personajes y autoridades. La primera fue Yeidckol Polevnsky, presidenta del partido en el poder, la segunda fue del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. A contrapelo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que en su opinión esa reforma es inconstitucional, aunque lo hizo no en su condición de encargada de la política nacional, lo que hubiera sido más apropiado y contundente, sino como ministra en retiro de la Suprema Corte. El presidente de la República se deslindó de ese atraco, aunque con una tibieza que si no fuera grotesca, sería un lapsus en su muy proclamada devoción maderista.
En una entrevista a Excélsior (https://bit.ly/2JLQzku) el subsecretario Peralta afirma que “no hay materia para una acción de inconstitucionalidad, precisamente porque es parte de las atribuciones del propio Congreso local modificar el tiempo de gobierno” (sic). También él se refugia en su condición de abogado y profesor de la UNAM siguiendo el ejemplo de prestidigitación gatopardista. Pues bien, supongamos que fuera constitucionalmente consistente lo que afirma. Si la legislatura estatal tiene (o se da a sí misma) la “atribución” de modificar el periodo de gobierno para el que fue electo el señor Jaime Bonilla, qué impide que otros estados de la República hagan lo mismo, qué impide que el Poder Constituyente modifique la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prolongar el mandato de un presidente de la República. ¿No sería eso acaso una violación flagrante del principio Maderista de la no reelección del presidente y los gobernadores, principio que quedó grabado en piedra en la Constitución de 1917? El subsecretario Peralta peca no solamente de ignorante, sino de partidario de la autocracia. Juárez trató de reelegirse presidente por tercera ocasión y Porfirio Díaz le salió al paso. Pero éste, ya presidente, republicano y demócrata, se hizo del poder durante treinta años hasta que fue derrocado por la revolución de Francisco I. Madero, que acuñó el célebre lema de “Sufragio efectivo, no reelección” inscrito en la papelería gubernamental hasta ser eliminado de ella por el actual gobierno. El régimen porfirista se construyó sobre el control del ejército y de los estados de la federación por el presidente Porfirio Díaz. En cada uno de ellos puso a sus amigos y fieles, manteniendo siempre las apariencias de democracia mediante la celebración de elecciones periódicas, pero descalificando y reprimiendo brutal y sistemáticamente a la oposición.
Al prepotente e inconstitucional acto del Congreso de Baja California se suman innumerables despropósitos: la designación de poderosos superdelegados del gobierno central en las entidades federativas, el nada inocente acto de suprimir el lema maderista en la correspondencia y publicaciones gubernamentales, la iniciativa del senador Monreal para mayoritear a la Suprema Corte de Justicia, la iniciativa de Morena para transformar al INE en una institución dócil y sumisa y sojuzgar a la oposición, la expresa voluntad del Presidente de socavar la capacidad de los órganos constitucionales autónomos y de la administración pública. A este mínimo listado se pueden sumar incontables actos y expresiones de autoridades de gobierno y legisladores de su partido que van en el mismo sentido: poner término a la democracia mexicana que les permitió llegar al poder para no tener que abandonarlo nunca más; para construir un sistema político autocrático con francas similitudes con el Porfiriato y el Priato. A los defensores de la ominosa reforma en Baja California se les olvida (o nunca conocieron) la sentencia de Emilio Rabasa (La Constitución y la dictadura, 1912) que sigue vigente en nuestros días: la Constitución permite “adiciones y reformas, pero no destrucción constitucional de la Constitución” (énfasis en el original)..
Académico de la UNAM.
@pacovaldesu