Gobierno que no asume los derechos humanos es y será siempre de derecha. Mientras la Secretaría de Gobernación se empeña en poner orden para esclarecer y reparar las graves violaciones de los derechos humanos que heredó y que se siguen acumulando, el gobierno federal no define una política de Estado al respecto. A reserva de lo que se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, del gobierno sólo hemos escuchado declaraciones de buenas intenciones. Igual que los anteriores.
Si algo ha sacrificado el fundamentalismo de mercado, que tanto se vitupera como “neoliberalismo” (no son los mismo), han sido los derechos humanos. El poder económico o político sin controles, la corrupción, la depredación y la delincuencia, se instalaron en el seno mismo de las instituciones del Estado (no de todas, por cierto), y minimizaron su capacidad de gobernabilidad con eje en los derechos fundamentales. No parece importar que son, según la Constitución, la obligación primordial del Estado, la razón de ser de toda política pública y el criterio para evaluar la acción del gobierno y el Estado.
Desde su arribo al poder, la 4T se ha esmerado en tomar medidas que, según ellas, conducen al país a la mejoría. Incremento brutal de la deuda pública por la cancelación de obras, perdón y olvido a corruptos y grandes delincuentes, a menos que preexistan demandas interpuestas. Reducción de los salarios de los empleados del gobierno, intento de militarización formal de la seguridad pública (la real ya fue adoptada por la 4T), menoscabo del federalismo y amenazas de sometimiento de otros poderes y órganos autónomos. Cierto, también se busca atender reclamos de las víctimas de violaciones graves de derechos.
Pero entre las mini acciones emprendidas en este terreno y las macro decisiones y proyectos del gobierno y la bancada mayoritaria en el Congreso media un abismo. En los segundos, el gobierno manda señales contrarias a los derechos fundamentales y humanos. Pongo ejemplos. Declaraciones del titular del Ejecutivo o miembros de su equipo directo en su presencia referidas a individuos y organizaciones o instituciones a los que, sin pruebas, se adjudican actos que contravienen el interés público, violentando el debido proceso; así fue cuando el Director de la CFE señaló, sin fundamento alguno, a funcionarios del pasado como responsables de faltas graves debidas a su participación en empresas privadas. La aplicación retroactiva de medidas de austeridad a servidores públicos, aún en revisión en la Corte, puede configurar violaciones a derechos laborales y sociales. Obras públicas anunciadas, como la construcción de termoléctricas o el tren maya atentan contra el derecho a un medio ambiente sano y pueden configurar delitos ambientales o, peor, llegar al ecocidio. La embestida contra los órganos autónomos del Estado, incluidas universidades (la autonomía del pensamiento) no se encamina contra los excesos y la corrupción de los que se acusa a algunas instituciones sino, bajo ese pretexto, a debilitar el contrapeso al poder que representan y, al menos en los casos de INAI e INE, contra las garantías de ejercicio del derecho a la información y a elecciones libres e imparciales.
Brilla por su ausencia el reconocimiento explícito de la 4T a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. Tratándose de un gobierno que se dice de izquierda, se esperaría que integrara esos derechos en su programa de gobierno como eje fundamental de la acción del Estado, y que asumiera un compromiso integral con ellos. En vez de eso, se lanza contra las organizaciones que han luchado por su instauración. No, no hay un compromiso con los derechos humanos hasta hoy jurídicamente codificados y con los nuevos, los que ya cobran entidad en la política mundial y serán en el futuro objeto de tratados y convenciones, como el derecho a preservar la herencia genética de la especie humana o a controlar la información que producimos, con la que se nos empieza a manipular por medio de la informática.
En vez de ello se reivindica una ceguera nacionalista y aislacionista que da la espalda al porvenir. Los derechos humanos son veneno para el populismo porque representan controles desde la sociedad al poder. Por eso todo populismo es de derecha.
Académico de la UNAM. @pacovaldesu