El federalismo y el pluralismo partidista generan múltiples desafíos. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a nivel federal, local y municipal tienen obligaciones en materia de seguridad, derechos humanos y justicia. El equilibrio federal siempre será muy delicado, si alguno de sus elementos falla todo el sistema lo hará acarreando inseguridad, injusticia y violación de derechos. ¿Cuál es la mejor ecuación en la distribución de competencias en el marco federal para que las personas gocen de más seguridad, justicia y mayores derechos?
El diagnóstico observa que la delincuencia organizada se ramifica y crece su control sobre partes del territorio. La intervención de la Federación a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal ha sustituido potestades de los gobiernos estatales y municipales. Esta “solución” desplaza la recuperación de los gobiernos locales que han caído en las redes del crimen. Sin recuperarlos, no se iniciará la profesionalización de los policías locales ni la vuelta del Ejército a los cuarteles.
La pobreza de nuestro Estado de derecho es también origen de inseguridad e injusticia. Hay que construir uno en todos los niveles. En este tema hay dos problemáticas: la inexistencia de la independencia judicial, especialmente a nivel local, y la falta de capacidades para hacer cumplir la ley. Sin estas dos cualidades, no habrá Estado de derecho alguno ni mecanismos efectivos de garantía de derechos ni acceso a la justicia. El foro propuso crear una conferencia nacional donde las procuradurías, fiscalías y los poderes judiciales puedan compartir experiencias y diagnósticos, y coordinar políticas, así como dar seguimiento a los mecanismos de elección de los poderes judiciales locales.
Tan importante como los poderes judiciales son las comisiones de derechos humanos. El problema en este punto es el mismo: ausencia de independencia y falta de capacidad. Necesitamos una evaluación más precisa sobre las razones del mal funcionamiento en la mayoría de estas comisiones que deberían ser una herramienta esencial para la protección de los derechos.
En ese difícil proceso de búsqueda de justicia, las víctimas tienen un papel secundario. Hay que empoderarlas dotándolas de facultades, como la de poder solicitar la atracción federal en caso de violaciones de derechos humanos, la capacidad de acompañar a las procuradurías en las investigaciones como adherentes de la acción penal y la capacidad de impulsar los procesos.
Finalmente, se observa un bajo nivel de cumplimiento de las recomendaciones y sentencias de los organismos internacionales y la ausencia de un mecanismo de seguimiento ágil que permita destacar avances y retrocesos. Se propone crear ese mecanismo nacional de seguimiento de dichas recomendaciones y sentencias que sirva como nodo de coordinación para involucrar a todos los poderes en los tres niveles de gobierno.
En resumen, se requieren principios y mecanismos constitucionales claros de coordinación entre los ámbitos del gobierno cuando se trata de asuntos relacionados con la seguridad, la justicia y los derechos humanos. Se necesitan instituciones que generen esos procesos de coordinación y monitoreen el cumplimiento de las obligaciones a fin de asegurar una corresponsabilidad eficiente en los tres ámbitos. Ahí donde haya más seguridad ciudadana, y mejores mecanismos de protección de los derechos, habrá también un piso fértil para un futuro mejor. A pesar de la grave situación que aqueja a México en las tres materias, hay salidas y soluciones que requieren voluntad y decisión política nacional.
* Académico de la UNAM y de Flacso
* Investigadora del CIDE
