El pasado miércoles 2 de enero el periódico Reforma publicó una nota que tituló “Crecen ejecuciones con AMLO en 65%” en la que destacaba que, si comparaban diciembre contra noviembre pasados, las ejecuciones habían tenido un alza importante.
Este recuento de ejecuciones Reforma lo ha hecho desde hace más de una década cuando la violencia se disparó en el país durante el sexenio de Vicente Fox.
Sin embargo, lo que en los sexenios de Fox, Calderón y Peña se podía, parece que hoy ya no se puede. El presidente López Obrador de inmediato rechazó la nota y descalificó al medio prometiendo que el día siguiente daría la estadística real.
El jueves fue el turno de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a quien le tocó exponer los cinco puntos fundamentales de por qué la multicitada nota estaba mal.
Durazo señaló que una ejecución no es una definición jurídica, por lo que su recopilación implica un importante grado de discrecionalidad y por ello las fuentes oficiales que usa el gobierno son las de Inegi, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Grupo Interdisciplinario.
Lo que Durazo omitió explicar es que ese método es el que ha usado y usa el grupo interdisciplinario (Grupo Candados), compuesto por Sedena, Semar, Policía Federal, PGR y otras instituciones, para evaluar los avances de la estrategia de gobierno.
En ningún momento Reforma responsabilizaba al presidente López Obrador del drama humano que esa estadística representa —es impensable que el multihomicidio del día 1 de diciembre sea imputable a la presente administración—, si bien diciembre fue un mes violento, los datos que presentó el gobierno para refutar esta nota fueron incompletos en temporalidad y unidad de análisis —no pudieron aclarar si se referían a víctimas o a carpetas de investigación.
Desde mi punto de vista, debemos aprovechar de esta coyuntura para:
1. Sensibilizar a la opinión pública que la seguridad no se arregla por decreto, los efectos de una política pública tardan en ser visibles y tienen consecuencias de largo respiro, por lo que estas deben estar bien planeadas y ejecutadas.
2. La estadística de incidencia delictiva es una fotografía que representa el dolor y el miedo de una sociedad, si es exacta se pueden tomar mejores decisiones, si es imprecisa las decisiones serán imprecisas, pero aún más, detrás de una vaga estadística hay una víctima a la que no se le intenta dar acceso a la justicia.
3. Es válido leer y analizar diversas fuentes de información, lo importante es entender qué las hace diferentes, cuál es la indicada para cada cosa y ser consistentes en la que usamos para diagnosticar y luego evaluar.
4. Se requiere de un sistema de evaluación más profundo que la mera estadística de incidencia delictiva, necesitamos evaluar desempeño e impacto de manera objetiva.
5. Urge definir rumbo y estrategia, una sola acción de un único actor no va a transformar una realidad compleja en materia de incidencia delictiva y violencia.
6. Debemos proteger y respetar la opinión de todos, hasta la contraria a nuestro pensar. En México no siempre hemos tenido libertad de expresión, lograrla nos tomó décadas, perderla puede ser muy grave.
Debemos evitar discusiones estériles como esta, lo cierto es que el país vive una crisis de violencia, que se requiere de un gran esfuerzo de todos por recuperar la paz, que las bajas en incidencia no garantizan que la problemática se resolvió, que el comportamiento del homicidio y otros delitos apuntan a que estos delitos seguirán al alza por lo menos por los próximos seis meses.
Lo que no debemos hacer es descubrir el hilo negro, inventar una nueva metodología de registro que se ajuste a la nueva realidad y desperdiciar recursos en algo que ha costado tanto construir sólo para mandar el mensaje que este gobierno no se equivoca.
Director general del Observatorio Nacional
Ciudadano. @frarivasCol