Francisco Rivas

Pareciera que la actual administración federal ya claudicó

02/10/2018 |01:05
Redacción El Universal
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Es prácticamente inevitable, 2018 cerrará como el año con la mayor tasa de homicidio del México moderno , rebasando el terrible 2017.

Según los datos oficiales de carpetas de investigación, en el periodo enero-agosto de 2018, la tasa de víctimas de homicidio doloso y feminicidio, aumentó 17.95% si se compara con el mismo periodo de 2017, y por lo que podemos deducir, septiembre mantendrá un comportamiento similar.

El pasado mes de junio, en e l Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) presentamos el Estudio Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2017 , documento que analizaba el comportamiento de la información pública oficial de delitos a nivel nacional, regional, estatal y municipal . Los datos nos permitieron elaborar el pronóstico de lo que se ha venido confirmando, a saber, la violencia letal rebasaría a la de 2017 en un rango entre el 5.5 y el 15% .

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Tras la presentación, la autoridad federal hizo saber su opinión , y afirmó que nuestro análisis era excesivo , que el terrible 2017 no se repetiría y que, en su último año de gobierno, veríamos un comportamiento delictivo a la baja.

Dudo que octubre, noviembre y diciembre muestren registros de homicidio menores que los de 2017, de así serlo, tampoco estoy seguro de que se debería considerar un éxito debido al balance que la violencia ha dejado en el país, y debido a que la baja de delitos no garantiza que hayamos dado vuelta a la página en la ruta en la que se dirige el país.

Es indudable el sacrificio y compromiso de muchos policías, peritos, ministerios públicos, defensores de oficio y fiscales, pero simplemente no es suficiente . Hay partes de la estrategia de combate a los delitos que no estamos implementando, que llevamos años exigiendo y que urge que sean parte de las decisiones que todavía le tocan a esta administración, y que deberá considerar la próxima.

Me refiero en particular a una política de control y combate al tráfico y comercio ilícito de armas ; una política de combate al lavado de dinero , a la extinción de dominio de los bienes obtenidos con recursos de procedencia ilícita ; una política de combate a la corrupción ; un trabajo por desarticular organizaciones , no sólo descabezarlas; un verdadero compromiso por construir instituciones de seguridad y justicia suficientes, sólidas, íntegras, profesionales .

Sin embargo, parece que esta administración federal ya claudicó y dejará una carga compleja al nuevo gobierno que deberá seguir en la reacción, antes de lograr cristalizar sus propuestas de prevención.

A la luz de estos hechos, me parece que es hora de que el gobierno federal incluya en sus decisiones al gobierno entrante, particularmente en los temas estratégicos que verán su cristalización en el próximo sexenio.

La repetición de acciones no está dando frutos, no importa cuánto intenten convencernos, en más de 20 años nunca habíamos vivido tales niveles de violencia y esto, simplemente, no puede seguir igual.

Si es verdad lo que afirmó la Cámara de Diputados, que más de 230 mil armas ingresan ilegalmente al país por año y éstas suelen terminar en manos de delincuentes para cometer delitos o privar de la vida ¿qué seguimos esperando que suceda para actuar?

Un delincuente con dinero puede comprar seguridad, puede comprar justicia, voluntades o libertad

, de poco sirve la detención de líderes de la delincuencia organizada si los recursos económicos y las redes de corrupción de la organización siguen operando.

Si sobra la evidencia de que nuestras instituciones están rebasadas, tienen deficiencias en formación, salarios, ausencia de un verdadero servicio policial o ministerial de carrera, equipamiento, inteligencia, entre otras, ¿cuándo empezaremos a implementar la ley tal y como está enmarcada?

No podemos esperar dos meses más para que la autoridad entrante empiece a ver qué hace, necesitamos un cambio de ruta ya , diseñado y acordado entre las diferentes autoridades para que sea implementado en los siguientes años.

Ni las buenas intenciones ni las declaraciones políticas son suficientes para salvar vidas

y las 22 mil 411 víctimas de homicidio doloso en tan sólo ocho meses deben ser el insumo suficiente para actuar.

Francisco Rivas
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL